El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuestionó la declaración de culpabilidad contra el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y aseguró que sienta “un precedente preocupante”.
“El único delito del ex presidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”, aseguró el canciller norteamericano en su cuenta de X.
Las declaraciones de Rubio ocurrieron horas después de que la jueza Sandra Heredia del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá declarara se comprobó la existencia del delito de soborno en la investigación contra Uribe.
La magistrada explicó que la conducta punible quedó acreditada a partir de los contactos entre el abogado Diego Cadena, representante de Uribe, y el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien se encuentra recluido en una cárcel de Bogotá. De acuerdo con la jueza, se desplegó una campaña para que Monsalve “faltara a la verdad ante la Corte Suprema de Justicia y desmintiera lo dicho” sobre los presuntos vínculos de Uribe y su hermano Santiago con grupos paramilitares. Además, Monsalve debía sostener que sus declaraciones previas respondían a una supuesta manipulación del senador Iván Cepeda Castro, quien, según la versión presentada, habría obtenido el testimonio bajo promesas de beneficios carcelarios.
El proceso judicial se originó en 2012, cuando Uribe denunció ante la Corte Suprema al senador Cepeda por presunta manipulación de testigos, en un contexto en el que el congresista preparaba una denuncia en el Senado contra el ex mandatario por supuestos nexos con el paramilitarismo. El magistrado José Luis Barceló, encargado del caso, decidió no investigar a Cepeda y, en cambio, abrió un proceso contra Uribe por presunta manipulación de testigos.
Durante la audiencia, la jueza validó como pruebas las interceptaciones telefónicas al ex mandatario y las grabaciones realizadas con un reloj espía por Monsalve en la cárcel de La Picota. La defensa de Uribe había solicitado la exclusión de estas pruebas por considerarlas ilegales, pero la jueza sostuvo que “el debate probatorio no recae exclusivamente en las grabaciones magnetofónicas allegadas a juicio, sin embargo, se verificó la legalidad de estas, dilucidando los aspectos relacionados con la obtención para lo cual no se acudió a ellas por métodos ilícitos (...) estas videograbaciones tampoco fueron obtenidas violando el derecho a la intimidad ni se realizaron de mala fe”. La jueza también subrayó que ocultar la grabación al interlocutor no constituye una conducta delictiva.
Monsalve, principal testigo del caso, integró el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y es hijo del administrador de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe. En su declaración ante la Corte Suprema de Justicia, Monsalve afirmó que el Bloque Metro se fundó en esa finca entre 1996 y 1997, con la participación de varias personas, incluidos los hermanos Uribe Vélez. Según su testimonio, en esa hacienda se planearon matanzas ejecutadas posteriormente por escuadrones paramilitares, acusaciones que Uribe y su defensa han rechazado de manera constante.
La jueza sostuvo que “es ostensible que el acusado conocía del plan que se maquinaba: emboscar a Monsalve” para inducirlo a modificar su testimonio ante la justicia. No obstante, hasta el momento, la magistrada no ha determinado si el expresidente es responsable de ese delito en calidad de determinador.
(Con información de EFE)