El caso de Elliot Duke, quien perdió su nacionalidad estadounidense tras una condena penal, ha centrado la atención en las más recientes políticas del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) sobre la desnaturalización.
Las autoridades revocaron la ciudadanía del migrante británico, quien la había adquirido después de alistarse en el Ejército de Estados Unidos en 2012 y cuya condena, dictada en 2014, estuvo relacionada con delitos graves por recepción y posesión de pornografía infantil. Este caso representa una muestra de la nueva línea dura anunciada por el gobierno.
En línea con lo anterior, la administración del presidente Donald Trump y la fiscal Pam Bondi instruyeron priorizar las acciones legales orientadas a retirar la ciudadanía estadounidense a ciertos naturalizados. El memorando dado a conocer por el fiscal general adjunto Brett Shumate va dirigido a la División Civil del DOJ y establece directrices para intensificar las investigaciones y procesos de desnaturalización.
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Cuáles son las razones más comunes para que me revoquen la ciudadanía estadounidense
La legislación estadounidense sí permite retirar la ciudadanía obtenida por naturalización en determinados supuestos, especialmente si se demuestra que el beneficiario empleó el fraude o medios ilegales para acceder a este estatus, o si fue condenado penalmente en ese contexto, de acuerdo con The Associated Press (AP).
Estados Unidos contempla la pérdida de ciudadanía por las acciones enunciadas en el sitio oficial usa.gov:
- Presentarse a cargos públicos en el extranjero.
- Ingresar al servicio militar en un país extranjero.
- Solicitar la ciudadanía en un país extranjero con la intención de renunciar a la ciudadanía estadounidense.
- Cometer un acto de traición contra los Estados Unidos.
- Ser un ciudadano estadounidense naturalizado que enfrenta la desnaturalización debido a la comisión de ciertos delitos.
Sobre el alcance de las nuevas directrices para el DOJ, Shumate puntualizó que la prioridad serán las personas que representen una “amenaza potencial para la seguridad nacional”, incluyendo a aquellos con nexos con el terrorismo, espionaje o la exportación ilegal de activos sensibles de EEUU.
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Igualmente menciona a quienes hayan cometido delitos violentos, integrantes de pandillas y cárteles narcotraficantes, así como quienes hayan perpetrado fraudes de Medicaid y otros similares. El memorando subraya que la desnaturalización permite al gobierno “revocar la nacionalidad de individuos involucrados en crímenes de guerra, asesinatos extrajudiciales u otros graves abusos de derechos humanos”. Asimismo, la herramienta busca impedir el regreso de terroristas condenados al territorio estadounidense o que viajen internacionalmente con un pasaporte validado por Estados Unidos.
Denuncian posibles problemas con las nuevas políticas
El alcance del memorando, según publicó AP, no limita a la División Civil exclusivamente a las categorías mencionadas; cualquier caso que se considere relevante podría seguir su curso, ya que la nueva política no agota la lista de causas para la desnaturalización.
Desde el anuncio formal del DOJ, ocurrido el 11 de junio, AP ha reportado la puesta en marcha de al menos una revocación de ciudadanía, la de Elliot Duke, cuyo proceso judicial ejemplifica el nuevo enfoque de las autoridades.
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El endurecimiento de esta política ha sido motivo de objeciones por parte de defensores legales. La Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal (NACDL) expresó su preocupación por el hecho de que las directrices del DOJ “conllevan una menor carga de la prueba y no requieren que el gobierno asigne un abogado a aquellas personas que no puedan pagarlo”.
Christopher Wellborn, presidente de la NACDL, advierte que el impulso de la administración estadounidense para retirar la ciudadanía “es alarmante y plantea serias preocupaciones sobre la Decimocuarta Enmienda”. Wellborn sostiene que esta política podría facilitar que personas sean acusadas de manera infundada de pertenecer a pandillas o que sus antecedentes penales sirvan como justificación para alegar fraude en la obtención de la ciudadanía, aun sin pruebas sólidas.