La Ley de Equidad de la Seguridad Social, una legislación diseñada para ampliar los beneficios de la Seguridad Social a millones de estadounidenses, superó un obstáculo clave en el Senado de Estados Unidos y se dirige a una votación final programada para el jueves. Este avance legislativo ocurre en los últimos días de la actual sesión del Congreso, mientras los legisladores enfrentan la presión del tiempo para completar el proceso.
La legislación busca eliminar dos políticas federales, la Disposición de Eliminación de Beneficios Excesivos (WEP) y la Compensación por Pensión del Gobierno (GPO), que afectan a casi 3 millones de jubilados. Estas políticas han reducido significativamente los pagos de la Seguridad Social para trabajadores jubilados que también reciben pensiones de empleos estatales y federales que no están cubiertos por el sistema de Seguridad Social, como maestros, oficiales de policía y empleados postales.
El miércoles 18 de diciembre, el Senado aprobó por 73 votos a favor y 27 en contra una moción que permite avanzar con la consideración formal de la propuesta legislativa, superando así el umbral de 60 votos necesario para evitar el filibusterismo. Según una transmisión oficial de la cámara, el proyecto ahora solo requiere una mayoría simple en la votación final para enviarse al escritorio del presidente Joe Biden, quien se espera firme la ley de ser aprobada.
Entre los senadores que apoyaron la medida se encuentra el republicano JD Vance, vicepresidente electo y representante de Ohio, quien se unió a otros 23 republicanos y 49 demócratas para avanzar la legislación.
“Votaremos para retomar la Ley de Equidad de la Seguridad Social y eliminar políticas defectuosas que reducen los beneficios de quienes han trabajado como maestros, bomberos, trabajadores postales o empleados del sector público”, anunció el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, a través de sus redes sociales antes de la votación. “Los jubilados privados de los beneficios que tanto les costó ganar estarán observando de cerca”.
Impacto en los jubilados y en las arcas federales
La WEP afecta a aproximadamente 2 millones de beneficiarios de la Seguridad Social al reducir sus pagos mensuales debido a sus ingresos provenientes de pensiones no cubiertas por la Seguridad Social. La GPO, por otro lado, impacta a casi 800.000 jubilados, recortando los beneficios de cónyuges sobrevivientes y familiares de los trabajadores afectados.
El Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) calcula que el proyecto de ley añadiría aproximadamente 195.000 millones de dólares al déficit federal en la próxima década. Este costo ha erosionado parte del apoyo bipartidista que inicialmente recibió la propuesta.
El senador republicano por Indiana, Mike Braun, quien previamente había respaldado legislaciones similares, expresó dudas recientemente, afirmando: “Nada se paga nunca, así que esto es más deuda. No estoy seguro”. Sin embargo, Braun votó a favor de avanzar con el proyecto el miércoles, según confirmó CBS News.
El proceso para derogar las disposiciones WEP y GPO lleva más de dos décadas en discusión. Los primeros debates legislativos sobre el tema comenzaron en 2003, marcando un largo camino para quienes han impulsado esta reforma. “Esto lleva tiempo, pero 21 años es ridículo”, comentó el senador Brown sobre el retraso.
La Cámara de Representantes aprobó la versión de la Ley de Equidad de la Seguridad Social en noviembre, contando con el apoyo de 62 copatrocinadores cuando se presentó al Senado el año pasado. Sin embargo, el apoyo bipartidista se ha debilitado en las últimas semanas debido a las preocupaciones fiscales de algunos legisladores republicanos.
El líder republicano entrante, el senador John Thune, expresó reservas sobre el impacto de la medida en la sostenibilidad a largo plazo de la Seguridad Social. “Estoy obviamente preocupado por la solvencia de la Seguridad Social a largo plazo y eso es algo que creo que debemos abordar”, declaró Thune en una conferencia de prensa el martes. Thune, quien representa a Dakota del Sur, votó en contra de la moción para proceder con el proyecto.
Si el Senado no aprueba el proyecto de ley en la votación final del jueves, su destino quedará en suspenso, ya que no podrá convertirse en ley antes del cierre de la actual sesión legislativa. Esto requeriría que la legislación se reintroduzca en el próximo Congreso, reiniciando el proceso legislativo desde cero.
La votación final determinará si millones de trabajadores jubilados podrán recuperar los beneficios que han sido recortados por décadas. El desenlace, según destacó Schumer, es de gran interés para los afectados, quienes llevan años luchando para que su situación sea reconocida y remediada.