El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, está metido de lleno en el tema de inmigración. Pese a que se trata de un hecho que le corresponde al gobierno federal, DeSantis ha hecho su batalla personal contra Joe Biden el tema de la crisis en la frontera sur del país. A pocos días del fin del Título 42, el republicano -que se espera anuncie pronto su candidatura a la primaria del partido para la presidencia- ha decidido tomar cartas en el asunto.
“El impacto de la crisis creada por Biden en la frontera toca a comunidades de toda la nación y la renuncia del gobierno federal a cumplir su deber socava la soberanía de nuestro país y la ley”, indicaba DeSantis a través de un comunicado de prensa.
De manera concreta, el gobernador anunció el envío de 800 agentes de la Guardia Nacional de Florida, 200 agentes de las agencias policiales locales, 101 agentes de la patrulla de carreteras estatal, 20 agentes de la Comisión estatal de Conservación de Pesca y Vida Silvestre y del Departamento de Gestión de Emergencias, 5 aviones, 10 barcos y 17 drones a Texas, para que ayuden a controlar la frontera sur del país.
No es la primera vez que DeSantis envía agentes estatales a la frontera sur, pero esta vez la escala del operativo es mucho mayor. En 2021, el gobierno de Florida había enviado 100 agentes de la Guardia Nacional estatal a Texas que estuvieron allí durante seis semanas.
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En aquella ocasión, había sido el gobernadora de Texas, Greg Abbott, quien había invocado al Pacto de Asistencia para la Gestión de Emergencias, movilizando a varios gobernadores de todo el país a colaborar.
Si bien la crisis es mucho más intensa hoy en la frontera sur, el gobernador de Texas no ha pedido ningún tipo de colaboración a otros gobernadores hasta el momento.
Pero más allá de esta movilización de recursos estatales a la frontera, DeSantis ha abierto también un frente legislativo contra la inmigración indocumentada en la frontera. En las últimas semanas ha firmado leyes aprobadas por la legislatura estatal que aumentan la penalidad contra quienes contraten trabajadores indocumentados. Además, Florida ahora le requerirá a hospitales y departamentos de policía que controlen estatus legal de las personas y que compartan esa información con el gobierno estatal.
Además, la legislatura le aprobó al gobernador un presupuesto de 20 millones de dólares para ampliar el programa de traslado de inmigrantes. Se trata del ampliamente reportado envío de migrantes indocumentados a otras zonas del país, como ocurrió el año pasado con el grupo de venezolanos que DeSantis envió a Martha’s Vineyard.
Muchos consideran que DeSantis está haciendo hincapié en la mano dura contra la inmigración indocumentada como plataforma para su campaña nacional.
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