Madrid, 16 oct (EFE).- El empresario Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz declarar a finales de noviembre, "siempre que sea posible", en la causa que investiga un presunto fraude de al menos 182,5 millones de euros en hidrocarburos.
Se trata de una de las piezas incluidas en la causa que investiga la presunta trama dedicada a desestabilizar casos judiciales que afectasen al PSOE o al Gobierno, y en su escrito, Rivas explica que la petición obedece al estado de salud de su abogado.
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En paralelo, en una providencia fechada el pasado 14 de octubre a la que ha tenido acceso Efe, Pedraz ha requerido a la empresa española Armeria Argali y a la sociedad portuguesa Agarrobvio Unipessoal documentación sobre sus cuentas, domicilio social y relaciones entre ambas.
A finales de septiembre, Pedraz ya acordó expedir órdenes europeas de investigación a Portugal e Irlanda para investigar varias cuentas y operaciones vinculadas al comisionista Víctor de Aldama en la causa en la que se investiga un presunto fraude de al menos 182,5 millones de euros en hidrocarburos.
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Según la Fiscalía Anticorrupción, los fondos defraudados a Hacienda eran transferidos a cuentas en el extranjero, principalmente en Portugal, controladas por los investigados.
Posteriormente, parte del dinero retornaba a España para la adquisición de bienes o se desviaba a otros fines, como compras de criptomonedas o transferencias a terceros países.
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Distintos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil muestran que los fondos defraudados y transferidos desde España hacia sociedades portuguesas ascienden a 78,31 millones de euros.
De ellos, a Villafuel, que era propiedad de Claudio Rivas, le habrían correspondido 36,43 millones; a Still Growing, 3,67; a Obaoil, 14,45; a Salamanca Fuel Center, 10,69; a Espaeventos, 3,75; a Canary Island Fuel Company, 2,59, y a Casmar, 6,73 millones de euros.
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Lo que se investiga es un presunto fraude masivo del IVA en la venta de hidrocarburos, junto con posibles comisiones, blanqueo de capitales y gestiones para conseguir autorizaciones administrativas.
En septiembre de 2022 Villafuel, propiedad de Claudio Rivas, consiguió autorización para operar como mayorista de carburantes, y a partir de ese momento la trama habría utilizado dicha empresa y otras para simular operaciones comerciales y generar facturas con IVA, que no se ingresaba a Hacienda sino que se movía utilizando sociedades interpuestas.
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En esta operativa el papel de Víctor de Aldama consistió en intermediar para que Villafuel obtuviera la licencia.
El empresario reconoció a comienzos de este año que había facturado 110.000 euros por sus gestiones para conseguirla, y afirmó que parte del dinero se destinó también al exministro José Luis Ábalos y a su asesor, Koldo García. EFE
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