Madrid, 2 may (EFE).- El Gobierno ha aprobado una partida de 30.000 euros para contribuir a la defensa jurídica de los ciudadanos españoles que estén acusados en el extranjero de delitos que pueden conllevar la pena de muerte, situación en la que se encuentra una persona en Egipto.
Se trata de Ahmed el Saadany Ghaly, de nacionalidad española y condenado en 2017 por el asesinato de su cuñado en la ciudad egipcia de Damietta.
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Desde España se ha instado en varias ocasiones a las autoridades de ese país para que se le conmute la pena de muerte a Ghaly, quien ha negado los hechos y ha alegado torturas durante los interrogatorios.
La ayuda que ofrece el Ejecutivo puede solicitarse hasta el 23 de mayo tal como recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde fue publicado la semana pasada.
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Según ha explicado a EFE Javier Casado, director de la Fundación +34 Nunca Olvidados, que asiste a los españoles encarcelados en el extranjero "en situación de desamparo", la cantidad que facilita el Ejecutivo está más pensada para el sistema estadounidense, donde tras una condena a la pena capital, existe la posibilidad de presentar un recurso, "que cuesta un dineral".
En todo caso, es una cuantía de la que no se pueden beneficiar los españoles que están condenados a otras penas ni tampoco quienes cumplen cadena perpetua en otros países, que son varios.
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Uno de los casos más famoso es el de Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho condenado en Tailandia a cadena perpetua por el asesinato del cirujano plástico Edwin Arrieta en 2023.
También en Tailandia cumple cadena perpetua el español Artur Segarra, sentenciado en 2017 a pena de muerte por el asesinato de su compatriota David Bernat. Posteriormente, su condena quedó reducida a la perpetua.
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Otro caso mediático en su día fue el del hispano estadounidense Pablo Ibar, sentenciado primero a la pena de muerte en Estados Unidos en 2019 por un triple asesinato -se pasó 16 años en el corredor de la muerte-, pena que le fue conmutada por la perpetua.
En ninguna de estas situaciones ha intervenido la Fundación +34 porque, afirma Casado, los condenados a los que prestan asistencia no pueden tener delitos de sangre, sexuales o de terrorismo, aunque sí atienden a sus familias cuando se ponen en contacto con ellos porque "no tienen culpa".
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Con una red de más de 480 voluntarios en todo el mundo, esta organización asiste a los presos españoles, exceptuando los casos mencionados, facilitándoles medicinas o cualquier otra prestación "básica", cuenta Casado, pero nunca dinero.
El Gobierno, a través de la red de Oficinas Consulares de España, puede contribuir con atención económica por un máximo de 120 dólares mensuales siempre que la familia o allegados no puedan proporcionársela.
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Muchas veces, señala Casado, la fundación que dirige es contraria a esta ayuda consular porque favorece que estos presos sean "extorsionados" por otros compañeros internos cuando son conocedores de que cuentan con dinero en la cárcel. EFE