Alicante, 12 abr (EFE).- La conselleria valenciana de Sanidad indemnizará con casi 60.000 euros a la viuda y dos hijas de un hombre que, en el verano de 2022 y con 57 años, falleció por un infarto en su domicilio de Alicante después de que las dos primeras ambulancias llegaran sin médico.
Según la resolución de Sanidad, con fecha del 30 de marzo de 2026 y a la que ha tenido acceso EFE, el 9 de julio de 2022 Pedro A.dG.M. sufrió un desmayo seguido de varias convulsiones en su casa de la Playa de San Juan, donde estaba con su esposa y dos hijas que desde el principio pidieron auxilio al 112.
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La primera llamada al teléfono de emergencias fue de la hija mayor a las 11.01 horas y le siguieron otras a las 11.02, 11.10 y 11.21, y desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) se envió una ambulancia del Soporte Vital Básico (SVB) que llegó a las 11.20 y del Soporte Vital Avanzado con enfermero (SVAe), que hizo lo propio a las 11.25 y que inició las maniobras de reanimación cardiopulmonar.
En tercer lugar, a las 11.54 horas, se personó una unidad del Soporte Vital Avanzado con médico que continuó con las labores de reanimación, que concluyeron una hora después del inicio al constatarse el fallecimiento del hombre por infarto.
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Representada por la abogada Raquel Sánchez Navarro, la familia reclamó a la conselleria tanto por la falta de médico de las dos primeras ambulancias como por la "errónea y mortal decisión" del médico coordinador contactado a través del 112 de que el paciente esperara en la vivienda a "que un SAMU medicalizado quedara libre para poder atenderlo, en lugar de informar a la familia de que no podía asistirle un médico y de que fueran quienes lo acercaran al centro médico más cercano".
En su escrito, los allegados señalan que el hospital universitario de San Juan estaba "sólo a cinco minutos", a lo que añaden que igualmente el médico coordinador descartó otras opciones como avisar a otros facultativos de un centro de salud cercano o del mismo hospital para acelerar la asistencia sanitaria. Esto hizo que Pedro A.dG.M. no fuera atendido correctamente por un profesional adecuado.
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Tras aclarar que no hay denegación de auxilio o negligencia "sino que es la carencia de recursos suficientes del sistema sanitario lo que produce un posible retraso en la atención", los informes médicos y técnicos reflejan que esa "falta de medios disponibles" hacen que la actuación no fuera correcta.
La representación legal de la viuda y de las hijas, que tenían 22 y 16 años el día del fallecimiento, había pedido 294.292,71 euros pero Sanidad lo rebaja en cuatro quintas partes (a 59.998,55 euros) al situar en el 20 por ciento la probabilidad de supervivencia de un infartado con parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria.EFE
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