El escrito de acusación atribuye a los acusados la ocultación de la titularidad real de una vivienda situada en Pozuelo de Alarcón con un valor superior a 1,3 millones de euros, figurando formalmente a nombre de María José Giaever, conocida mediáticamente como Makoke. El Ministerio Público sostiene que los pagos para la adquisición y el préstamo hipotecario de este inmueble provinieron mayoritariamente de fondos de Kiko Matamoros o de sociedades controladas por él, en una maniobra destinada a evitar el embargo por parte de la Agencia Tributaria. Según informó la Fiscalía de Madrid, la deuda tributaria derivada de estas actividades, cometidas presuntamente entre los años 2009 y 2014, supera el 1,08 millones de euros, al incluir tanto las cuotas defraudadas como los intereses y sanciones correspondientes.
El próximo miércoles está previsto que la Audiencia Provincial de Madrid acoja el juicio en el que tanto Kiko Matamoros como Makoke deberán responder ante el tribunal acusados de ocultación de patrimonio y elusión de deudas fiscales con la Hacienda pública. De acuerdo con la información divulgada por la Fiscalía y publicada por diversos medios, Matamoros enfrenta una solicitud de cinco años de prisión por un delito de alzamiento de bienes y otro de seis meses por ocultación de bienes en procedimiento de ejecución. Además, el fiscal reclama para él una multa de 22 meses. En el caso de Makoke, la petición es de cuatro años de prisión por su presunta cooperación necesaria, acompañada de una multa de veinte meses y quince días.
Según consignó la Fiscalía de Madrid, el eje del caso radica en la utilización de sociedades pantalla, principalmente Salto Mortal S.L. y Silla del Ring S.L., que presuntamente carecían de actividad real y se emplearon para canalizar ingresos generados por Kiko Matamoros a través de su participación en programas televisivos, prensa del corazón y eventos públicos. El escrito de acusación presentado sostiene que la actividad de Matamoros entre 2009 y 2014 resultó en percepciones económicas significativas que no fueron declaradas, optando en su lugar por facturación a nombre de las sociedades mencionadas. De acuerdo con el Ministerio Público, dichas empresas no contaban con estructura ni personal propio, actuando únicamente como vehículo para dificultar el control y seguimiento de la Agencia Tributaria.
El medio detalló que los fondos obtenidos mediante esta operativa llegaban a cuentas bancarias de las sociedades, desde las cuales se realizaban reintegros de efectivo, transferencias a terceros o pagos personales, dificultando el rastreo de los flujos financieros por parte de las autoridades fiscales. Entre 2011 y 2015, una de estas cuentas bancarias recibió más de 900.000 euros, una suma de la que la mayor parte se habría destinado a cubrir gastos particulares del principal acusado, según el expediente de la Fiscalía.
El escrito también relata que el proceso de ocultamiento incluyó la utilización de la figura de Makoke no solo como cooperadora necesaria, sino como beneficiaria formal de la titularidad de bienes, entre ellos la mencionada vivienda de Pozuelo de Alarcón. El fiscal explica que, pese a figurar la vivienda a nombre de Makoke, el origen de los fondos empleados para los pagos hipotecarios y otros desembolsos relevantes se rastrea hasta Matamoros o las sociedades vinculadas a su entorno.
Como resultado de esta operativa, la deuda ante la Agencia Tributaria correspondiente al periodo señalado asciende, según la acusación, a 1.086.597 euros. Además de las penas de prisión y las multas solicitadas, la Fiscalía reclama en concepto de responsabilidad civil que ambos acusados indemnicen a la Agencia Tributaria con 471.900 euros, el importe correspondiente a los fondos destinados a la vivienda en Pozuelo de Alarcón, además de otras cantidades relacionadas con disposiciones de efectivo y gastos personales identificados en la instrucción.
De acuerdo con el medio, la estructura jurídica diseñada por los acusados habría permitido dificultar la actuación de la Agencia Tributaria, ya que la utilización de sociedades sin actividad impedía identificar con claridad la titularidad real de los bienes y el destino final de los fondos obtenidos a través de actividades profesionales públicas de Matamoros. El relato de la Fiscalía describe una actuación concertada entre ambos acusados para alejar el patrimonio de posibles embargos y para ocultar a Hacienda la realidad de su esfera patrimonial, mediante la simulación de operaciones económicas y la atribución formal de inmuebles a terceros.
El juicio contra Kiko Matamoros y Makoke, que se celebrará en la Audiencia Provincial de Madrid, se centra en la supuesta comisión de delitos de alzamiento de bienes y ocultación en procedimiento de ejecución, hechos por los que la Fiscalía reclama penas de prisión, elevadas multas e indemnizaciones millonarias a favor de la Agencia Tributaria, en un caso que pone en el foco los métodos empleados para eludir el pago de deudas fiscales y patrimoniales en el ámbito público y privado.