María López
Madrid, 12 oct (EFE).- El Partido Popular seguirá ejerciendo presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta de los presos de ETA tras el enredo por la reforma legal que puede anticipar excarcelaciones y que este lunes debatirá el Senado, pese a que los populares exigieron que el Ejecutivo la retirase.
El PP ha lidiado con el dolor y el estupor que internamente ha causado su voto a favor en el Congreso al proyecto de ley de intercambio de antecedentes penales, que incluía, en una enmienda de Sumar, la posibilidad de convalidar penas de prisión cumplidas en países comunitarios, y acababa con la excepción que rige en España.
Tras atribuir su voto a un "error injustificable" y pedir disculpas, el PP puso el foco en el Ejecutivo. Y lo seguirá haciendo este lunes, cuando la senadora Marimar Blanco será la encargada de defender el no del PP en el Senado, que será simbólico porque al no tener vetos ni enmiendas la ley quedará aprobada y pasará al BOE, aunque no tenga el visto bueno de la Cámara Alta.
La hermana de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP asesinado por ETA, volverá así a simbolizar el rechazo de su formación a este cambio legal. Ya lo hizo el pasado miércoles, cuando respaldó a su formación sentándose en el hemiciclo junto al líder de su partido y escuchando como Alberto Núñez Feijóo pedía a Sánchez la retirada de la ley.
El terrorismo de ETA volverá a ser un tema de debate el martes, cuando los populares llevarán al pleno del Congreso una proposición de ley que busca impedir que los condenados por terrorismo puedan presentarse a las elecciones si no se han arrepentido, pedido perdón a las víctimas y si no han colaborado con la Justicia.
Feijóo anunció esta iniciativa en la campaña de las elecciones municipales de 2023, cuando EH Bildu incluyó condenados por terrorismo en sus listas, el PP la registró en el Congreso el pasado 31 de mayo y la Cámara Baja debatirá ahora su toma en consideración.
EL PP apunta así a EH Bildu, aliado parlamentario de Sánchez, en un contexto en el que los populares siguen siendo blanco de reproches por el trabajo del grupo parlamentario y por el tratamiento a las víctimas de ETA, pues algunos familiares han denunciado su instrumentalización tras enarbolar Miguel Tellado imágenes de socialistas asesinados por la banda.
La dirección nacional del PP ha buscado dar carpetazo al tropiezo, sin tomar medidas internas ni hacer cambios en el método de trabajo. También ha evitado culpar de la equivocación a diputados concretos, asumiendo que el error ha sido colectivo y ha intentado digerir las críticas recibidas fuera y dentro del partido.
Sin embargo, Gobierno y PNV han sembrado dudas acerca de si el PP realmente cometió una equivocación en su voto o si era consciente del efecto que tendría la enmienda. Andoni Ortuzar, presidente de los nacionalistas vascos, ha sostenido que el PP sabía lo que votaba pero no previó la "escandalera política y mediática" desatada.
El PP, en boca de su portavoz en el Senado, Alicia García, reiteró este viernes que el voto fue un error por el que ya han pedido perdón, y evitó comentar las palabras de la diputada popular Ana Vázquez, que el pasado lunes sostuvo en Cuatro que el ordenamiento europeo manda contabilizar los años de prisión cumplidos en otros países comunitarios.
La madeja por la ley, que también apoyó Vox, sigue enredada. EFE
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