Madrid, 25 sep (EFE).- El PP ha registrado sus enmiendas a la proposición de ley para la regularización extraordinaria de inmigrantes y en ellas propone condicionarla a que los interesados asuman "el compromiso expreso con los valores constitucionales y democráticos de la sociedad española y europea".
El plazo para presentar las enmiendas a esta proposición de ley, nacida de una iniciativa legislativa popular (ILP) avalada por más de 600.000 firmas, ha terminado a las 18:00 horas de este miércoles y también han registrado sus propuestas PSOE y Sumar (de manera conjunta, como ya anunciaron ayer), ERC, EH-Bildu, BNG y Podemos (también unidos), Junts y PNV.
Según han informado fuentes del grupo popular en el Congreso, abogan porque esta regularización se realice "de forma individualizada y no generalizada" y beneficie a "personas que deseen residir legalmente en España para poder trabajar".
Y entre sus condiciones está que quienes deseen adherirse a este proceso no tengan antecedentes penales, no sean reincidentes y no tengan prohibida la entrada al país.
Las fuentes han subrayado que el PP "nunca ha apoyado una regularización de extranjeros sin condiciones", ya que eso "convertiría la norma en un coladero", algo "inasumible en cualquier circunstancia, pero todavía más teniendo en cuenta la crisis migratoria que España arrastra en los últimos años".
Por su parte, Junts ha registrado un texto que afirma que el Gobierno "estudiará una propuesta de regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español", que será remitida a las Cortes para su valoración "y, si procede, su aprobación".
Y hace la siguiente precisión: "deberá de tener en cuenta los cambios normativos que se produzcan, como es la transferencia de competencias en inmigración en el caso de Cataluña".
La ILP, impulsada por unas 900 entidades sociales y apoyada por el mayor número de firmas que ha recibido una ILP en las Cortes además de por sectores de la sociedad como la Iglesia católica, afectaría a aproximadamente medio millón de personas, según sus promotores.
Comenzó su recorrido hace más de dos años y consta de un único artículo, que insta al Gobierno a establecer, en un plazo de seis meses y mediante un real decreto, un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en España antes del 1 de noviembre de 2021.
La propuesta superó su toma en consideración en el Congreso, que apoyaron todos los grupos menos Vox, y su debate a la totalidad el pasado mes de junio a raíz una enmienda del grupo de Santiago Abascal.
Desde entonces, el plazo de enmiendas parciales se había prorrogado hasta en nueve ocasiones, pero ayer el PSOE y Sumar anunciaron el desbloqueo de esta iniciativa en la Mesa del Congreso de los Diputados.
Las enmiendas de PSOE y Sumar contemplan que el Gobierno establecerá en seis meses mediante real decreto un procedimiento que permita a los extranjeros en situación irregular que estén en España antes del 31 de diciembre de 2023 acceder a una autorización de residencia o trabajo "por motivos laborales, socioformativos, familiares y/o humanitarios".
La de ERC, EH-Bildu, BNG y Podemos es una enmienda pactada con la plataforma impulsora de la iniciativa, Regularización Ya, que solo modifica el artículo único original para que se amplíe el plazo de aplicación a las personas que se encuentren en España en el momento de su entrada en vigor.
Por su parte, el PNV sugiere que, en lugar de un procedimiento de regularización masivo, se establezca un mecanismo que vincule la autorización de residencia a la existencia de un contrato de trabajo y con ciertas condiciones, como que el beneficiario esté empadronado en España al menos seis meses antes de la entrada en vigor de la ley.
Vox, UPN y Coalición Canaria no han presentado enmiendas en esta fase de la tramitación, según han precisado a EFE fuentes parlamentarias.
Ahora la iniciativa continuará su recorrido en la Comisión y podría llegar al pleno del Congreso en la semana del 14 de octubre, antes de pasar al Senado. EFE
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