
El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, considera que el presunto espionaje a diputados de Podemos durante el Gobierno de Mariano Rajoy supone un uso "impresentable" de los aparatos del Estado, aunque ha rechazado la exigencia de los morados de romper el acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "No vamos a mezclar churras con merinas", ha señalado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, al ser interrogado por la petición de Podemos, que pide que se revoque el acuerdo con el PP después de que se publicase que fueron espiados. López expresa su rechazo a esas prácticas y las tilda de "corrupción sistémica" del PP, por "utilizar los aparatos del Estado de manera absolutamente impresentable e irracional pero considera que no tiene que ver con el acuerdo alcanzado recientemente. "Otra cosa es que hay un acuerdo para renovar el CGPJ después de cinco años de no cumplir la Constitución", ha remarcado. Además, López ha replicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que en la víspera criticó la detención del productor musical Nacho Cano y lo tildó de "estalinismo" y dice que es el PP el que cae en estas prácticas. "Me hace gracia cuando ayer escuchaba decir a alguien que este era un Gobierno estalinista, cuando fue el partido que puso en marcha esto que llaman policía patriótica dedicada a espiar a adversarios políticos para debilitarlos y para atacarlos", ha lanzado. ÁNGEL VÍCTOR TORRES En la misma línea se ha expresado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha pedido una explicación ante una información "tremendamente preocupante". "Es utilizar los resortes del poder para vigilar, espiar a rivales políticos", ha señalado. "Demando y exijo que se aclare y se sepa toda la verdad y que si esto se termina comprobando, que se produzcan cortes de cabezas políticas, porque esto es inadmisible e inaceptable, estamos en un Estado de derecho", ha señalado. Torres dice que "no puede ser" que se utilice el poder para "cercenar, vigilar y espiar a rivales políticos" y exige "una investigación profunda" y que se aclare hasta las últimas consecuencias de esta situación y se depuren responsabilidades políticas si corresponde.
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