La Comunidad de Madrid tiene una Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales que dirige Ana Dávila, estrecha colaboradora de Isabel Díaz Ayuso. Este departamento del Gobierno regional tuvo el año pasado un presupuesto de 2.904 millones de euros, un 7,8% más que el año anterior. Tiene su sede principal en el número 50 de la calle O’Donnell, en el distrito de Retiro. Se trata de un edificio, de estilo neomudéjar, construido en 1928 por los arquitectos Baltasar Hernández Briz y Francisco de Asís Fort Coghen. El inmueble tiene una superficie de 8.242 metros cuadrados, repartidos en cuatro plantas, y en sus orígenes fue un hospital infantil antes de que la Administración madrileña se lo quedara.
Es un edificio, por tanto, antiguo. Por eso la Consejería decidió en octubre de 2024 que había llegado el momento de darle una manita de pintura. La empresa encargada de realizar los trabajos es Lantania, una constructora que preside el empresario Federico Ávila y que ha diversificado su línea de negocio en agua, infraestructuras, energía y servicios. Lantania tiene un acuerdo marco desde septiembre de 2023 con esta Consejería para realizar todo tipo de reformas en sus sedes. Así que en diciembre de 2024 se adjudicó un contrato basado a favor de Lantania por un importe de 43.966,91 euros para que pintara la sede de O’Donnell en un plazo de ejecución de 14 semanas.
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El 28 de febrero de 2025, la Consejería hizo un primer pago: 36.442 euros, abonándose la correspondiente factura. Un mes después, en marzo de 2025, se terminaron los últimos trabajos previstos y Lantania presentó una nueva certificación de pago. “En ese momento se constató un importante exceso de medición respecto a la memoria valorada aprobada para el contrato basado. Por esta razón se decide no tramitar la certificación e iniciar el proceso de medición final, a efectos de comprobar la realización de la totalidad del contrato basado”, señala un documento interno de la Consejería. Es decir, al final Lantania había pintado más superficie de la prevista inicialmente y el coste se incrementaba.
La empresa contratista presentó finalmente la documentación de medición justificativa y, después de su análisis, “se emitió informe justificativo en el que se concluye que la medición es correcta en cuanto a lo efectivamente ejecutado, pero que presenta una gran diferencia respecto a lo autorizado en el contrato basado”, señala la Consejería.
Así que primero se abonaron los 7.524,46 euros que faltaban de la primera factura y después, el 6 de noviembre de 2025, Lantania emitió una nueva factura de 55.386,88 euros correspondiente al exceso de medición. Muchos meses después, en junio de 2026, el Consejo de Gobierno aprobó convalidar este gasto extraordinario.
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“Omitido el procedimiento legal”
Emilia Prieto, diputada del PSOE, resume lo ocurrido. “La Consejería encargó pintar su sede de O’Donnell por 43.966,91 euros. La obra acabó costando unos 99.354 euros. La diferencia, 55.386,88 euros, corresponde a trabajos que se hicieron sin tramitar el procedimiento de contratación ni pasar el control previo del gasto. La propia Intervención General reconoce ambas omisiones”. Así lo refleja la documentación de la propia Consejería. “Al haberse omitido el procedimiento legalmente establecido en la normativa de contratos y la oportuna fiscalización previa de la autorización y disposición del gasto (...) y a fin de evitar un enriquecimiento injusto de la Administración, se debe someter al Consejo de Gobierno la convalidación del gasto por importe de 55.386,88 euros”.
“Este no es el procedimiento adecuado para hacer este tipo de gastos”, señala la diputada Prieto, que ha querido llevar este contrato basado a la Comisión de Vigilancia de las contrataciones y la Mesa de la Asamblea lo ha vetado porque dice que el expediente de contratación no existe, “es erróneo”, cuando el número de expediente por el que pregunta Prieto es el correcto, el que coincide con la orden de pintar la sede, según ha podido comprobar este diario. La Intervención General de la Comunidad, dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, analizó las causas de esta convalidación extra de gasto y los “defectos” que la provocaron: “omisión del trámite de fiscalización previa” y “omisión del procedimiento de contratación establecido en la Ley de Contratos del Sector Público”.
“Las actuaciones objeto del presente expediente, realizadas en la forma anteriormente descrita, sin perjuicio de las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de las actuaciones realizadas, pueden constituir un supuesto de infracción en materia de gestión económico-presupuestaria de las contempladas en el art. 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, cuya valoración corresponde al Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid”, señala la Intervención, que a pesar de poner estos reparos emitió un informe favorable en abril de este año para que el Consejo de Gobierno aprobara este gasto extra de 55.386 euros.
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