La Fiscalía Europea ha abierto una investigación por un presunto fraude con fondos comunitarios destinados a la adquisición de las pulseras telemáticas que se utilizan para controlar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento en casos de violencia de género. Los investigadores están llevando a cabo este jueves actuaciones en la sede del Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas, con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Según ha informado este jueves la Fiscalía Europea, las actuaciones se enmarcan en una investigación que comenzó el pasado año y que afecta a los fondos de la Unión Europea destinados a estos dispositivos, utilizados para garantizar tanto el cumplimiento de medidas cautelares como de las condenas dictadas en procedimientos por violencia de género.
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La investigación vuelve a situar bajo el foco el sistema de seguimiento telemático de agresores, conocido como Cometa, que depende del Ministerio de Igualdad y que en los últimos años ha acumulado una larga lista de controversias por los problemas registrados en el funcionamiento de los dispositivos y en la gestión de los datos.
Un contrato de 42,6 millones con financiación europea
El origen de la polémica se encuentra, en buena medida, en el contrato adjudicado en octubre de 2023 a Vodafone España para gestionar el servicio integral de seguimiento telemático de las medidas de alejamiento. La compañía resultó adjudicataria de una licitación a la que se presentaron dos ofertas, con un importe de 35,2 millones de euros sin impuestos y de 42,6 millones con ellos.
El contrato, que entró en funcionamiento en febrero de 2024, sustituyó al modelo anterior, gestionado por Telefónica, que había prestado el servicio desde su puesta en marcha. El cambio de proveedor implicó también una transición entre plataformas y el traslado de la información acumulada sobre los dispositivos.
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Una parte de la financiación de la nueva contratación procedía de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, vinculado al mecanismo europeo Next Generation. En concreto, el Ministerio de Igualdad explicó en noviembre de 2025 que 6,4 millones de euros del contrato estaban financiados con cargo a estos fondos comunitarios. La operación se vinculó al hito 472 del plan español, relacionado con las inversiones en servicios telefónicos y en línea para proteger a las víctimas de violencia contra las mujeres.
La financiación europea ya había provocado preguntas en Bruselas antes de que se conocieran las actuaciones anunciadas ahora por la Fiscalía Europea. En noviembre de 2025, la Comisión Europea confirmó que examinaría la ejecución del proyecto, después de que el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé denunciara el posible uso irregular de fondos Next Generation en la contratación de Vodafone y Securitas.
El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, explicó entonces que el cumplimiento de ese objetivo se evaluaría cuando España presentase la solicitud correspondiente al octavo desembolso del plan de recuperación. También recordó que los pagos europeos están condicionados a la comprobación de que se han cumplido los hitos comprometidos.
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Meses después, en marzo de 2026, la Comisión Europea volvió a pronunciarse sobre el asunto. Representantes comunitarios confirmaron que estaban estudiando el uso de los fondos europeos destinados a estos dispositivos, después de que dos denuncias fueran planteadas ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. La comisión decidió mantener abierto el expediente y solicitar información a España.
Los fallos que pusieron a Cometa bajo sospecha
La polémica sobre la financiación europea se superpuso a otra crisis que afectó directamente al sistema de protección de las víctimas. En septiembre de 2025, la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2024 alertó de múltiples problemas en las pulseras telemáticas y de las consecuencias que habían tenido en procedimientos judiciales.
Durante el cambio de proveedor se produjo un problema en la migración de los datos que impidió consultar durante meses el histórico de movimientos y posicionamientos de los agresores anterior al 20 de marzo de 2024. La falta de esa información dificultó acreditar posibles quebrantamientos de las órdenes de alejamiento y, según advirtió el Ministerio Público, provocó sobreseimientos provisionales y absoluciones.
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El Ministerio de Igualdad reconoció entonces que se habían producido incidencias técnicas durante la transición entre las empresas, aunque sostuvo que habían sido solucionadas. La falta de acceso a los datos históricos no significaba necesariamente que las pulseras hubieran dejado de funcionar, sino que los órganos judiciales no podían consultar determinados registros de geolocalización.
La controversia volvió a agravarse en septiembre de 2026, cuando el Tribunal de Cuentas publicó un informe de fiscalización sobre los contratos del sistema correspondientes a 2018, 2021 y 2023. El organismo detectó graves deficiencias en la contratación y en el seguimiento del servicio, cuyo coste conjunto ascendió a 102,6 millones de euros.
En relación con el contrato de 2023, el Tribunal de Cuentas señaló que los problemas de acceso a la información histórica impidieron responder a 123 requerimientos judiciales pendientes. También advirtió de errores de geolocalización que permitieron acercamientos de agresores a las víctimas, interrupciones del servicio, problemas de fiabilidad de los dispositivos y baterías con una autonomía deficiente.
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El órgano fiscalizador concluyó que las deficiencias comprometieron la efectividad del sistema durante parte de la vigencia del contrato y reclamó que, en futuras contrataciones, prime la calidad tecnológica y la protección de las víctimas por encima del ahorro de costes.
Ahora, la Fiscalía Europea ha iniciado sus propias actuaciones para investigar si se produjo un fraude que afectase a los intereses financieros de la Unión Europea en la adquisición de estos dispositivos. El organismo, independiente de las fiscalías nacionales, tiene competencias para investigar y ejercer la acción penal contra los delitos que perjudiquen el presupuesto comunitario.
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