El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves uno de los dos decretos sobre vivienda impulsados por el Gobierno a través de la Diputación Permanente, a pocas semanas de las elecciones. El real decreto-ley 29/2026, conocido como el ‘decreto Maricarmen’, ha salido adelante con 35 votos a favor y 34 en contra. La norma incluye medidas para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible.
La Cámara, en cambio, ha derogado el real decreto-ley 28/2026, que planteaba reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, incluida una prórroga indefinida y automática de los alquileres. El texto recibió 34 votos favorables, insuficientes para su convalidación, después del rechazo del Partido Popular, Vox, Junts per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco. La votación cierra de forma temporal la disputa política sobre estas medidas. Pero, tras los comicios, este episodio se reabrirá.
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Medidas que conlleva el ‘decreto Maricarmen’
La norma convalidada mantiene la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables que no cuenten con una solución habitacional hasta 2030. También establece una prórroga automática de los contratos de alquiler durante todo 2028. El texto incorpora el programa Tu Casa, que gestionará el Instituto de Crédito Oficial (ICO). La iniciativa prevé préstamos de hasta 50.000 euros para la compra de una primera vivienda y contará con una dotación de 10.000 millones de euros.
A esa partida se suma un fondo de impacto social de 400 millones de euros, destinado a facilitar la promoción de viviendas por parte de proveedores sociales. El decreto también revisa las condiciones aplicables a las operaciones de compra de inmuebles por parte de fondos de inversión y amplía la definición de las entidades afectadas. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido que las medidas buscan dar cobertura a los inquilinos y a los pequeños propietarios mientras se incrementa la oferta de vivienda asequible. Durante su intervención, citó las deducciones fiscales para los arrendatarios y las bonificaciones de hasta el 100 % de las rentas para propietarios que reduzcan los precios.
El Congreso rechaza la renovación automática
La Diputación Permanente ha rechazado el decreto que regulaba la extensión automática de los contratos de alquiler una vez superado su plazo inicial. La propuesta obtuvo 34 votos favorables, insuficientes para su convalidación. El texto establecía que, tras cinco años de alquiler —siete si el arrendador era una persona jurídica—, el contrato se prolongara otros cinco años. En el caso de los propietarios empresariales, ese nuevo periodo habría sido de siete años. Además, si el casero decidía finalizar el arrendamiento, debía compensar al inquilino con una cuantía equivalente a 12 mensualidades.
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El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha sostenido que la medida podía afectar a cinco millones de personas y generar un ahorro de hasta 4.341 euros por inquilino. El PP, Vox y Junts rechazaron ambos decretos. El PNV apoyó el texto más amplio, aunque votó contra la prórroga automática por considerar desproporcionada la indemnización prevista.
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