Los sindatos mayoritarios en España han convocado en democracia ocho huelgas generales, contando con la que tendrá lugar el 11-N. Las siete anteriores han ido dirigidas contra reformas económicas y laborales de los cuatro expresidentes del Gobierno. El que más sufrió fue Felipe González, con tres paros generales de jornada completa durante sus mandatos, seguido por Mariano Rajoy, quien afrontó dos movilizaciones en un mismo año, mientras que José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero registraron una convocatoria en sus respectivas administraciones.
Lo que no queda claro es si la de este miércoles se le puede sumar a Pedro Sánchez: su vicepresidenta, Yolanda Díaz, alienta a ir a la huelga, mientras que la oposición se da por aludida y el propio Alberto Nuñez Feijóo pide que se desconvoque. ¿Contra quién es la huelga? “Contra el rentismo, la patronal y sus gobiernos”, asegura el Sindicato de Inquilinas, el que ha empujado a UGT y CCOO a poner fecha a la convocatoria tras las grandes movilizaciones por el desahucio de Maricarmen. Y ahí cabe todo. Pero desde el PP lo tienen claro: “Es una huelga contra el próximo gobierno”, decía este lunes Miguel Tellado, secretario general del partido, en Esradio.
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Lo que está claro es que es una huelga diferente. “No es una huelga al uso, porque no es en respuesta a una reforma o la impugnación a la política económica de estos últimos años, pero claro que es una huelga contra el poder, que en España está muy diseminado”, aseguraba Unai Sordo, líder de Comisiones Obreras, en declaraciones a El País. Y añadía que en materia de vivienda, “ninguna administración está libre de culpa”. Pero más allá de lo que ocurrirá este miércoles, hagamos un repaso general a las huelgas generales convocadas en España por UGT y CCOO. La última fue hace ya 14 años.
Felipe González y la primera ruptura sindical con la reforma de las pensiones de 1985
El 20 de junio de 1985, CCOO impulsó en solitario la primera huelga general de 24 horas del periodo constitucional frente al Ejecutivo del PSOE. En esta ocasión, UGT, vinculada históricamente al PSOE, decidió no sumarse a la convocatoria.
El detonante fue el proyecto de reforma de la Ley de Pensiones de la Seguridad Social. La iniciativa del ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, aumentó de dos a ocho años el período de cálculo de las bases de cotización para fijar la pensión de jubilación y elevó el tiempo mínimo cotizado exigido de 10 a 15 años. Pese a la huelga, el Ejecutivo socialista mantuvo el texto legal y el Congreso lo ratificó semanas después.
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El 14-D frenó el plan de empleo juvenil en 1988
La movilización del 14 de diciembre de 1988 representó el mayor seguimiento sindical registrado en España. Por primera vez de forma conjunta, CCOO y UGT convocaron un paro que apagó la señal de la televisión pública y paralizó el transporte, la gran industria y los servicios en todo el territorio nacional. A las doce de la noche del 14 de diciembre, los trabajadores de RTVE secundaron el paro de forma unánime y cortaron la señal en directo mientras se emitía un programa informativo conducido por Olga Barrio. La pantalla se fue a negro durante unos segundos y dio paso a una carta de ajuste con música enlatada, lo que sirvió de señal inequívoca a todo el país de que la huelga general había comenzado con éxito absoluto. Esta es una de las imágenes más recordadas.
El motivo central fue el Plan de Empleo Juvenil promovido por el Gobierno de Felipe González, que introducía modalidades de contratación para menores de 25 años con el salario mínimo interprofesional y deducciones para las empresas. Las organizaciones sindicales denunciaron que el proyecto abarataba el empleo y promovía la precariedad. Ante la magnitud de la protesta, el Ejecutivo retiró el plan e incrementó la cobertura del subsidio de desempleo.
La reforma laboral que desencadenó la huelga de 1994
El 27 de enero de 1994, los dos sindicatos principales convocaron un nuevo paro general de 24 horas contra la reforma del mercado de trabajo diseñada por el ministro de Trabajo, José Antonio Griñán. En esa ocasión, el Ejecutivo carecía de mayoría absoluta tras las elecciones de 1993.
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La reforma laboral autorizó por primera vez el funcionamiento de las empresas de trabajo temporal en el mercado español e instauró los contratos de aprendizaje dirigidos a jóvenes de hasta 28 años. La norma también flexibilizó las causas del despido colectivo y redujo los costes de indemnización, aspectos que los sindicatos rechazaron en las calles sin lograr revertir la ley.
“González arruinó en las fechas previas el diálogo social entre el gobierno y los sindicatos, de manera que llevó los recortes al Parlamento para su aprobación”
“Por entonces la economía española había entrado en recesión, tras los fastos de las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla del 92″, recuerdan desde Comisiones Obreras. “El Gobierno encaró un nuevo ajuste y, según lo que empezaba a ser ya una costumbre, impulsó una nueva reforma laboral que precarizaba aún más el empleo. Además, preveía el recorte de las prestaciones por desempleo en un momento de crecimiento del paro. González arruinó en las fechas previas el diálogo social entre el gobierno y los sindicatos, de manera que llevó los recortes al Parlamento para su aprobación, con la mayoría absoluta que le daba el apoyo de CiU”, resumen.
El decreto de desempleo de Aznar provocó la movilización general de 2002
El 20 de junio de 2002, José María Aznar enfrentó su única huelga general con la presidencia de turno de la Unión Europea como telón de fondo y con el respaldo de la mayoría absoluta parlamentaria del Partido Popular.
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El origen del conflicto radicó en el Real Decreto-ley 5/2002, bautizado por los sindicatos como el “decretazo”. La norma suprimía los salarios de tramitación cuando las empresas reconocían el despido improcedente, endurecía las obligaciones para aceptar ofertas laborales bajo pena de perder la prestación y modificaba el régimen del subsidio agrario en Andalucía y Extremadura. Meses después del paro, el Gobierno modificó el decreto en el trámite parlamentario y restituyó parte de los derechos eliminados.
Primera huelga contra Zapatero en 2010
La huelga general del 29 de septiembre de 2010 (29-S) fue la primera protesta de este tipo que enfrentó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y respondió al giro en la política económica adoptado por el Ejecutivo socialista aquel año. El origen inmediato fue el plan de ajuste anunciado en mayo, impuesto por las presiones de la Comisión Europea en plena crisis de la deuda soberana, que incluyó una rebaja media del 5 % en el sueldo de los funcionarios, la congelación de las pensiones para 2011 (la primera vez que se suspendía su revalorización en democracia) y la eliminación del cheque-bebé de 2.500 euros por nacimiento.
A este primer bloque de recortes se sumó el rechazo a la reforma laboral aprobada por decreto en junio de ese año, tras el fracaso de la negociación entre patronal y sindicatos. La norma facilitó el despido por causas económicas al permitir a las empresas alegar pérdidas previstas con una indemnización reducida de 20 días por año trabajado, y generalizó el uso del contrato de fomento del empleo, cuya indemnización por despido improcedente era de 33 días, a prácticamente todos los colectivos de desempleados. Además, introdujo la financiación pública de parte del despido a través del Fondo de Garantía Salarial y abrió la puerta al descuelgue salarial de los convenios colectivos para las compañías con dificultades económicas.
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Mariano Rajoy recibió dos huelgas generales durante su primer año de mandato
El Ejecutivo de Mariano Rajoy gestionó dos paros generales en 2012. El primero tuvo lugar el 29 de marzo, apenas 100 días después de su investidura. La causa fue la reforma laboral que otorgó prioridad a los acuerdos de empresa frente a los convenios colectivos, suprimió la autorización administrativa obligatoria previa en los despidos colectivos y generalizó la indemnización de 33 días por año trabajado.
Ocho meses más tarde, el 14 de noviembre de 2012, CCOO y UGT convocaron una segunda movilización estatal, coordinada con la Confederación Europea de Sindicatos y con jornadas de paro en otros países como Portugal. La protesta denunció la subida del IVA al 21 %, la supresión de la paga extraordinaria de Navidad a los funcionarios y los recortes presupuestarios en sanidad y educación.
A estas dos huelgas se les podría añadir la del 8 de marzo de 2018, pero, en aquella ocasión, como ocurre ahora, no iba en concreto contra un Gobierno, sino que fue una iniciativa del movimiento feminista articulada en torno a la Comisión 8M, que convocó la primera huelga legal en España bajo el lema Si nosotras paramos, se para el mundo con el antecedente del Paro Internacional de Mujeres impulsado un año antes desde Argentina. Fue histórica pese a que los sindicatos mayoritarios convocaron por turnos y no un parón de 24 horas, con 5,3 millones de seguidores, según cifró UGT.
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