La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha activado el proceso para pactar y cerrar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de cara a 2027 antes de la celebración de las elecciones generales fijadas para el próximo 29 de noviembre.L a medida busca elevar la cuantía en consonancia con la escalada del IPC para evitar que los sueldos más bajos pierdan poder adquisitivo ante la inflación provocada por la crisis en Oriente Medio.
Tras presidir la primera reunión de la Comisión Asesora para el Análisis del SMI, Díaz justificó el adelantamiento de los plazos habituales defendiendo que la actividad institucional no debe quedar congelada por la convocatoria electoral: “La subida del salario mínimo se hará con normalidad pese al adelanto de los plazos por las elecciones generales. La vida económica sigue su curso y no se detiene”, afirmó la ministra, remarcando asimismo que “la vida de los trabajadores no se detiene”.
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El calendario previsto por el Ministerio contempla que el grupo de expertos elabore su propuesta para el final de este mes o el arranque de noviembre —con el puente de Todos los Santos como referencia límite— para convocar inmediatamente después a la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos. Díaz enfatizó la premisa de que “todas las empresas tienen que saber el 1 de enero cuál es el salario mínimo”, recordando además que el Ejecutivo dispone de plena potestad legal para elevar el indicador incluso estando en funciones.
El impacto del IPC en los hogares vulnerables
Actualmente, la cuantía mínima legal en España se fija en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas (17.094 euros anuales) tras la revalorización del 3,1% aprobada para este año. Díaz ha trasladado a la comisión la premisa de priorizar el impacto del coste de la vida en los colectivos vulnerables, “porque a ellos les afecta más la escalada de precios”, recoge Efe.
La inflación se ha disparado hasta el 4,9% en septiembre, acumulando un repunte del 3,3% en lo que va de año como consecuencia del encarecimiento de los carburantes y las tensiones internacionales. Como novedad, Trabajo ha solicitado al grupo técnico estudiar de forma específica el impacto del suelo salarial en las rentas más bajas, que sufren con mayor intensidad la subida del IPC.
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Además de la inflación, la comisión sopesará otros parámetros económicos clave. Según detalló su coordinadora, la catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo Begoña Cueto, el informe final examinará la evolución de la productividad por hora, la participación de los salarios en la renta nacional y los márgenes de beneficio empresarial.
Ante este escenario, Yolanda Díaz defendió que las ganancias empresariales se sitúan en niveles máximos y reivindicó la trayectoria del indicador desde 2018, cuando ascendía a 736 euros mensuales (un incremento acumulado del 66%). “Toca ajustarse el cinturón un poquito por arriba, no por abajo”, indicó en la rueda de prensa.
Los sindicatos apoyan el incremento
La propuesta ha chocado con la patronal pero cuenta con el respaldo sindical. Desde la CEOE, Antonio Garamendi criticó el “tinte electoral” de plantear dos subidas en un mismo año y el impacto en pymes y autónomos, mientras Lorenzo Amor (ATA) rechazó una decisión unilateral “sin tener en cuenta a quienes pagan los salarios”.
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Por contra, UGT y CCOO apoyan el incremento. Pepe Álvarez (UGT) reclamó compensar la pérdida de poder adquisitivo y Unai Sordo (CCOO) situó la subida ideal por encima del 5%. En todo caso, el Ejecutivo no requiere el aval de los empresarios ni del Congreso, ya que el Estatuto de los Trabajadores le permite aprobar el alza por Real Decreto en el Consejo de Ministros previa consulta social, facilitando su tramitación antes del 29-N.
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