Desde hace pocos meses, la idea de recuperar las penas de muerte en Argelia ha cobrado peso en los discursos de su presidente, Abdelmadjid Tebboune. Nunca dejaron de existir legalmente, pero las condenas en los últimos años acabaron suspendidas y hay que retroceder hasta 1993 para encontrar las últimas ejecuciones. Dos de los principales problemas del país, los incendios forestales y el narcotráfico, han sido los causantes de este nuevo giro de guion que ahora se materializa con nueve personas destinadas a morir.
Hasta hace un año, el tráfico de drogas no era un delito que contase con la pena de muerte como una posibilidad. Tebboune busca dar un paso adelante en la seguridad del país y, a pesar de las críticas internacionales de asociaciones como Amnistía Internacional, no le ha temblado el pulso en recuperar la opción de que un juez decida sobre la vida o muerte de una persona. No es la única medida drástica que ha tomado. Este verano también anunció la creación de una cárcel de alta seguridad en medio del desierto del Sáhara destinada a recibir narcotraficantes.
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Nueve condenas a muerte
El Tribunal Penal de Argel dictó este lunes nueve condenas a muerte por tráfico de drogas, las primeras aplicadas en virtud de la Ley 25-03, aprobada el 1 de julio de 2025. Las penas alcanzaron a tres acusados presentes en la audiencia y a otros seis juzgados en ausencia. El caso incluye el tráfico de 113 kilogramos de cocaína y 225.030 comprimidos de pregabalina, según informó el Consejo Judicial de Argel.
Los procesados enfrentaron cargos por “importación, transporte, envío y almacenamiento con fines de venta de drogas duras y sustancias psicotrópicas”, dentro de “una organización criminal” que, de acuerdo con la acusación, buscaba “atentar contra la seguridad nacional y perturbar el orden y la seguridad públicos”. La causa también incluyó imputaciones por “contrabando, usurpación de identidad, inmigración ilegal, estancia irregular y blanqueo de dinero”.
Amnistía pidió al Senado frenar la pena de muerte
Amnistía Internacional pidió al Consejo de la Nación de Argelia días antes de esta sentencia que rechazara una reforma del Código Penal que ampliaba los delitos castigados con pena de muerte, tras más de 30 años sin ejecuciones en el país. La organización cuestionó la aprobación de las enmiendas en la Asamblea Nacional Popular, la cámara baja del Parlamento. Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, afirmó que la medida supone “un tremendo revés para los derechos humanos” y vulnera las obligaciones internacionales de Argelia.
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La iniciativa llegó un mes después de los incendios forestales que afectaron el noreste del país entre el 26 y el 30 de agosto. Tras esos siniestros, el presidente Tebboune ordenó reformar el Código Penal para “restaurar” la pena capital en casos de incendio provocado. Según Amnistía, las enmiendas prevén esa sanción para conductas de definición amplia, como “instigar, promover o facilitar” incendios, incluso a través de redes sociales. También contemplan la pena de muerte por secuestro, tortura y agresión sexual contra menores, junto al narcotráfico. “La trágica pérdida de vidas que causaron [los incendios] no puede servir para justificar más pérdida de vidas”, sostuvo Eltahawy.
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