Las autoridades siguen tratando de documentar a las personas migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva desde Marruecos a finales de julio, de forma que este domingo la Policía Nacional ha desplegado un amplio operativo en la playa del Trampolín para desalojar el asentamiento y evitar que sus ocupantes huyeran durante la intervención. Decenas de agentes y más de 20 vehículos han establecido cordones de seguridad alrededor de la zona, después de que en dos operaciones similares anteriores se produjeran huidas y carreras entre las personas asentadas allí, según ha informado la agencia EFE. Este nuevo desalojo ha hecho que decenas de migrantes hayan optado por regresar de forma voluntaria a Marruecos.
La Policía Nacional ha trasladado a los migrantes en autobuses hasta las inmediaciones de la frontera del Tarajal, donde se ubica el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), con el objetivo de identificarlos. Sin embargo, muchos han decidido no completar ese trámite ni ingresar al centro y regresar a Marruecos, al conocer que el traslado a recursos de acogida en la península requiere solicitar protección internacional.
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La situación se asemeja a la registrada días atrás en la playa de Benítez, donde más de 150 migrantes también eligieron regresar a Marruecos en lugar de ser identificados ante la falta de opciones para solicitar asilo y acceder de forma legal a un traslado a la península.
Hace unos días, el Gobierno informó de que cientos de personas regresan cada día de forma voluntaria a Marruecos y situó en 7.794 el número de retornos registrados desde el 10 de agosto.
Expulsión “ilegal” de un menor marroquí tutelado por Ceuta
Esta situación se produce después de que esta misma semana la Fundación Raíces ha denunciado el caso de un adolescente marroquí de 16 años que ha sido trasladado “de forma ilegal” a su país, pese a que se encontraba bajo la tutela del Área de Protección de Menores de Ceuta desde hace dos años.
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La organización, que ya ha presentado un recurso contencioso-administrativo para pedir su retorno “inmediato”, señala que el chico se identificó en castellano y explicó que residía en Ceuta, en el centro Aljarafe, pero sus palabras no fueron atendidas y los militares “llegaron a agredirle físicamente para mantenerle en el suelo”.
Según explicó el menor a las letradas de la Fundación Raíces, Paloma García de Viedma y Leire Villate, fue interceptado en la zona del puerto por integrantes de las Fuerzas Armadas y poco después una patrulla de la Guardia Civil le trasladó directamente al puesto fronterizo del Tarajal. Pese a que el menor sufrió una crisis de pánico y alertó sobre la ilegalidad de la devolución, los agentes, según su relato, le sacaron del vehículo por la fuerza para ser entregado a las autoridades marroquíes.
El chico, indica la Fundación Raíces, llegó solo a España con 14 años en diciembre de 2024 y dispone de autorización de residencia y trabajo, un documento vigente hasta diciembre de 2026, además de que tiene derecho a renovarla mientras sea un menor de edad tutelado.
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