Maricarmen Abascal ha pedido a Pedro Sánchez que el Consejo de Ministros apruebe este martes un decreto ley que sea “el primer paso para acabar con el sistema” que permitió su desahucio en Madrid. La mujer, una octogenaria con discapacidad, tuvo que abandonar el piso en el que vivió durante 71 años el pasado miércoles 23 de septiembre.
La madrileña también ha llamado a sus seguidores a respaldar una petición digital del Sindicato de Inquilinas y a participar en la manifestación convocada este sábado a las 18.30 en la Puerta del Sol. La norma, que el colectivo denomina “decreto Maricarmen”, debería ser convalidada después por el Congreso.
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El mensaje ha sido difundido en un vídeo por el Sindicato de Inquilinas, el segundo que publica desde que ingresó en un hospital por el agotamiento que sufrió durante el lanzamiento, ocurrido el miércoles. El desahucio provocó protestas multitudinarias en distintas ciudades de España.
“Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas, quiero que sirva para que la gente luche y para que se cambien las leyes que han permitido mi desahucio”, ha afirmado. En la grabación, Maricarmen ha pedido apoyo para lograr “contratos indefinidos” de alquiler y ha advertido que todavía tiene dificultades para hablar con normalidad.
La presión para aprobar un decreto antidesahucios
El caso ha abierto además un nuevo frente político sobre las medidas contra los desahucios. Pedro Sánchez afirmó que estudia aprobar con carácter urgente un real decreto ley de vivienda con disposiciones antidesahucio, aunque su convalidación posterior en el Congreso dependerá de los apoyos que consiga el Gobierno.
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La iniciativa llega una semana después de que el Congreso rechazara una proposición de ley de Sumar contra los fondos de inversión inmobiliaria, con los votos en contra del Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya y la abstención del Partido Socialista Obrero Español.
El desahucio también ha motivado críticas de Naciones Unidas y de Amnistía Internacional. El relator especial de la ONU en España, Koldo Casla, ha cuestionado que se priorice “la rentabilidad de una inversión inmobiliaria” sobre el derecho a la vivienda y ha sostenido que el lanzamiento debía haberse suspendido ante las medidas cautelares dictadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El Ayuntamiento rechaza el regreso al piso
Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid rechazó la propuesta de Urbagestión para que Maricarmen regresara al piso del que fue desahuciada. El Consistorio señaló que la fórmula, basada en incorporar la vivienda al programa ReViVa, no cumple los requisitos legales de esa iniciativa ni de otros planes municipales de adquisición de vivienda.
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No obstante, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid convocó para el lunes 28 de septiembre una reunión entre la empresa, los representantes de Maricarmen y el Servicio de Intermediación del Alquiler. Urbagestión había planteado una solución residencial “estable y asequible”, aunque no detalló sus condiciones.
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