Cerca de 10.000 personas se están concentrando este miércoles frente al ático de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, según la Delegación del Gobierno. La movilización se ha producido después del desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años que vivía desde hacía siete décadas en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro.
La protesta ha comenzado a las 18.30 en el paseo del General Martínez Campos, junto al inmueble que se convirtió en uno de los focos de las críticas contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El Sindicato de Inquilinas convocó la concentración tras no lograr frenar por la mañana el cuarto intento de desalojo de la mujer, que fue retirada en camilla y trasladada a un hospital.
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Los asistentes han cortado la calle y exhibido pancartas con mensajes como “Fondos buitre fuera de nuestras ciudades”. También han coreado algunas consignas como “Vergüenza”, “Fuera fondos buitre”, “El ático para Maricarmen”, “Ayuso dimisión” y “Maricarmen no estás sola”. Durante la movilización se han utilizado bengalas y botes de humo rojos y amarillos.
Concentraciones en 12 ciudades y críticas a ambas administraciones
A la protesta han acudido sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes y personas de distintas edades. Entre los dirigentes políticos presentes han estado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y representantes de Podemos como Ione Belarra, Irene Montero y Pablo Fernández.
El Sindicato de Inquilinas también ha impulsado concentraciones en otras 12 ciudades de España. La organización ha planteado la convocatoria como una respuesta al desahucio y una exigencia de responsabilidades a las administraciones.
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Alicia del Río, portavoz del colectivo, ha afirmado que la respuesta ha superado sus previsiones y ha reflejado el malestar por el caso. “La gente está muy enfadada, esto no puede continuar así”, ha sostenido. También ha indicado que Maricarmen permanecía hospitalizada, aunque estaba “muy contenta y agradecida” por las muestras de apoyo.
Desde la organización han vinculado la protesta con la defensa del derecho a la vivienda y han cuestionado tanto la política del Gobierno de la Comunidad de Madrid como la actuación del Ejecutivo central. En el mismo sentido, Carlos Ochoa, portavoz del Sindicato de Estudiantes, ha responsabilizado a ambas administraciones por la situación de la mujer y por la respuesta policial durante el operativo.
El origen del conflicto
El caso de Maricarmen se remonta a 2018, cuando Urbagestión Desarrollo e Inversiones compró el piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda en el que ella vivía desde hacía 70 años. La mujer, de 87 años y con una discapacidad del 50% por problemas de movilidad, residía allí con un contrato de renta antigua firmado por su padre en 1956. Tras la muerte de sus padres, mantuvo el derecho a permanecer en la vivienda, cuya renta se actualizaba según el Índice de Precios de Consumo (IPC).
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El conflicto se agravó en 2020, cuando la empresa planteó la compra del inmueble por 250.000 euros o un incremento del alquiler desde los 440 hasta los 1.650 euros mensuales. La compañía sostiene que el contrato fue subrogado en dos ocasiones y considera que carece de validez.
La defensa de Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas reclamaban un alquiler asequible. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había solicitado suspender el desalojo para evitar posibles “daños irreparables”.
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