Los votantes marroquíes acuden a las urnas este miércoles 23 de septiembre para renovar la Cámara de Representantes con 27 partidos en la competencia. Pero la cita electoral no determina de forma directa el Gobierno: los ciudadanos eligen los diputados entre los partidos mediante un sistema de representación proporcional y, después de los resultados, el rey Mohamed VI debe designar al jefe del Ejecutivo entre los miembros de la fuerza más votada. También se encarga de escoger los ministros de Defensa, Exteriores e Interior.
Para lograr una mayoría absoluta, un partido necesita 198 escaños, una meta difícil en un escenario multipartidista. Si ninguna fuerza lo alcanza, como suele ocurrir, la lista más votada deberá negociar pactos para formar gobierno y obtener el respaldo de la Cámara. La Agrupación Nacional de Independientes (RNI), que ganó las elecciones de 2021 con 102 escaños, vuelve a figurar entre los principales favoritos. Tras aquellos comicios, formó una coalición con el Partido de la Autenticidad y la Modernidad (PAM) y el Partido Istiqlal, sus actuales socios de gobierno. También concurren el Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), que encabezó el Ejecutivo durante una década hasta 2021, la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), el Movimiento Popular, el Partido del Progreso y el Socialismo (PPS) y la Unión Constitucional.
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El empleo, la sanidad, la educación y la pérdida de poder adquisitivo concentran buena parte de los mensajes de campaña. Pero, desde España, si hay un asunto que se observa con lupa es cómo puede afectar un nuevo gobierno a la posición del país respecto a Ceuta y Melilla. La entrada masiva de migrantes del 30 de julio derivó en un repunte de las exigencias de Marruecos sobre las ciudades autónomas, tanto en prensa como entre políticos.
Posiciones de los partidos sobre Ceuta y Melilla
Lo cierto es que la reclamación de Ceuta y Melilla se extiende por todos los partidos principales de Marruecos, aunque su intensidad varía según la estrategia electoral de cada formación. A nivel de Estado, existe un consenso absoluto que reclama la integración de ambas ciudades autónomas en su país, pero las diferencias radican en las formas y la diplomacia. En los últimos dos meses, varios ministros han lanzado mensajes de “liberación” de Ceuta y Melilla.
Ahmed Toufiq, ministro de Asuntos Islámicos, en su caso independiente, encendió la polémica en agosto de 2026 al calificar a Ceuta y Melilla como “ciudades ocupadas” ante Mohamed VI, usando el entorno religioso para evocar una lucha sagrada destinada a recuperarlas. Por su parte, Nizar Baraka, ministro de Equipamiento y Agua, colidera esta retórica desde el partido nacionalista e histórico Istiqlal. Baraka defiende la soberanía marroquí sobre los enclaves como un eje irrenunciable de su agenda política de anexión territorial. Abdellatif Ouahbi, ministro de Justicia y miembro del partido Autenticidad y Modernidad (PAM), se ha sumado firmemente a esta línea de presión expansionista, respaldando las reclamaciones del reino al calificar la presencia española en el norte de África como un “anacronismo colonial” a superar.
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El histórico Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) de Marruecos siempre ha defendido la “liberación” de las “ciudades ocupadas”. Uno de los últimos comunicados que tienen en su web, como adelantó El Independiente, muestra que incluyen en su programa político la reivindicación de la soberanía. Por su parte, la Agrupación Nacional de Independientes (RNI), liderada por el jefe de Gobierno Aziz Ajanuch, evita la confrontación pública en los periodos de campaña, priorizando la vía diplomática institucional y los acuerdos económicos estratégicos con Madrid.
Los partidos de la oposición adoptan las posturas más beligerantes. El Partido del Progreso y el Socialismo (PPS) califica abiertamente los territorios como “ciudades ocupadas” y rechaza que Marruecos actúe como gendarme migratorio de Europa, al igual que el nacionalista Movimiento Popular (MP), que emplea el tema habitualmente en sus mítines. En contraste, la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) opta por la moderación y advierte que los discursos incendiarios solo benefician electoralmente a la extrema derecha española.
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