La Audiencia Nacional ha otorgado una pequeña victoria judicial a Julio Iglesias y ha obligado a la Fiscalía a entregarle la denuncia presentada en enero por dos extrabajadoras que le acusaron de delitos de violencia sexual y de vulneración de derechos laborales, según elDiario.es. Una decisión que refuerza su derecho de defensa después de que el Ministerio Público archivara las pesquisas por falta de jurisdicción española.
La magistrada ha estimado el recurso del cantante y ha ordenado la entrega de la denuncia y de las diligencias preprocesales, con los datos personales de las denunciantes ocultos para evitar su identificación. Eso sí, Fiscalía y las abogadas de las dos mujeres disponen de 15 días para presentar recurso de apelación a esta decisión.
La resolución llega después de que la Fiscalía negara a Iglesias el acceso al texto de la denuncia una vez cerrada la investigación preliminar. El cantante había alegado una “manifiesta indefensión” al no poder conocer el contenido de la acusación presentada contra él.
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La denuncia archivada contra Julio Iglesias
El caso comenzó en enero, cuando dos antiguas empleadas del artista en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, tras una investigación conjunta de Univisión y elDiario.es.
Le atribuían presuntos delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores que, según la denuncia, podrían incluso constituir trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre. El Ministerio Público activó una protección especial para las denunciantes e inició unas pesquisas en las que tomó declaración a ambas mujeres, identificadas con los nombres ficticios de Laura y Rebeca.
Después de esas primeras actuaciones, archivó el asunto al concluir que España no tenía competencia para investigar hechos que habrían ocurrido fuera del territorio español. La Fiscalía no llegó a entrar en el fondo de las acusaciones. El archivo se produjo por falta de jurisdicción del Estado español, pese a que Iglesias mantiene la nacionalidad española.
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La Fiscalía rechazó la petición de Julio Iglesias
Cuando intentó personarse en la causa, la Fiscalía rechazó su solicitud al considerar que se trataba de diligencias preprocesales destinadas únicamente a determinar si existía competencia para investigar. Una vez cerrado el expediente, el cantante pidió formalmente acceder a la denuncia. Para resolver esa petición, la Fiscalía consultó a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.
La respuesta fue negativa y se apoyó en una circular interna sobre la naturaleza de las diligencias preprocesales y el acceso de terceros a ese material. Esa negativa llevó a Iglesias a presentar una demanda contra la Fiscalía. En el procedimiento, tanto el Ministerio Público como las representantes legales de Laura y Rebeca sostuvieron que el recurso no debía tramitarse por la vía de lo contencioso-administrativo, al entender que no era el cauce competente para una reclamación de derechos fundamentales.
El abogado del cantante defendió, por el contrario, que no conocer la denuncia impedía a su cliente defenderse y también ejercer acciones legales ante los tribunales. Entre esas posibles actuaciones mencionó la opción de interponer una querella por denuncia falsa o por simulación de delito contra las extrabajadoras.
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La magistrada ha rechazado esa objeción procesal y el fallo inadmite la “inadecuación de procedimiento”. La resolución ordena ahora a la Fiscalía entregar a Iglesias tanto la denuncia como las diligencias preprocesales practicadas, con la documentación debidamente anonimizada, según el auto al que ha tenido acceso elDiario.es. De esta manera, conocerá la investigación que se realizó en torno a su figura, pero no la identidad de las denunciantes.