Rafael Yuste, el coronel jefe que estuvo al mando de la UCO entre julio de 2023 y diciembre de 2025, declaró hace una semana como testigo ante los que fueron sus subordinados en la Guardia Civil en la investigación sobre las maniobras de Leire Díez contra jueces, fiscales y policías. En su testifical, a la que ha tenido acceso Infobae, Yuste señala que el entonces director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, nombrado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, le afeó en una reunión la investigación que su unidad había hecho contra el hermano de Sánchez, David Sánchez, que actualmente está siendo juzgado en la Audiencia Provincial de Badajoz.
La reunión se produjo el día 12 de julio de 2024, en la que participaron Leonardo Marcos, el Jefe de Policía Judicial, el Director Adjunto Operativo (el teniente general Manuel Llamas) y el propio Yuste, entonces Jefe de la UCO. Dicha reunión, según Yuste, “se produjo a consecuencia de una solicitud realizada por la UCO para recabar diversos correos electrónicos en el marco de la investigación seguida contra David Sánchez Castejón”, refleja su declaración. El encuentro debió ser tenso, porque Leonardo Marcos afirmó que el oficio de solicitud efectuado por la UCO era “totalmente prospectivo y malintencionado”, afirmando que la credibilidad de la UCO y de la Guardia Civil estaba por los suelos.
No solo eso. Yuste asegura que Marcos exigió que en el plazo de una semana el informe que tenía que realizar la UCO sobre este tema “tiene que estar analizado y que no haya nada”. Yuste expuso entonces que lo que le pedían “era materialmente imposible ya que se debían analizar los correos electrónicos y posteriormente confeccionar el informe preceptivo dirigido a la Autoridad Judicial”. No fue la única reunión que explicó Yuste. Hubo una segunda el 16 de julio de 2024, en la que el DAO Manuel Llamas se trasladó a las dependencias oficiales de la UCO.
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Llamas trasladó un mensaje claro a Yuste y a guardias civiles integrantes del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO (DIECAN). “En esta reunión, por parte del DAO se indicó a los presentes en la misma que, en aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política, no se fuese proactivo en las mismas, bajo la indicación de ‘que nos pusiéramos de perfil’, debiendo ser, en este caso concreto, la Autoridad Judicial quien tomase la iniciativa”. El que se conoce ya como ‘caso Leire’ ha supuesto todo un terremoto en la cúpula de la Guardia Civil. En una actuación inédita, miembros de la UCO acudieron hace unos días, bajo mandato judicial, a la sede de la Dirección General de la Benemérita para recabar información sobre los expedientes disciplinarios que se abrieron contra agentes que estaban investigando las ‘cloacas socialistas’.
Tres expedientes
Y es que el DAO de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, ordenó abrir hasta tres informaciones reservadas contra Rafael Yuste cuando era coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), en pleno estallido de distintos casos de corrupción que afectaban a dirigentes del PSOE y al entorno del presidente Pedro Sánchez. Las informaciones fueron abiertas en diciembre de 2024 y en mayo y septiembre de 2025 por supuestas filtraciones a los medios de comunicación sobre investigaciones que llevaba la UCO sobre el entorno del PSOE y Pedro Sánchez.
Yuste dejó la UCO cuando fue ascendido en diciembre de 2025 al mando de la Jefatura de Servicios Técnicos dependiente del Mando de Apoyo de la Guardia Civil. En su declaración también revela que cuando le comunicaron la apertura de uno de los tres expedientes, el instructor de uno de ellos le señaló que había tenido intención de poner en conocimiento de los magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, instructores de las causas judiciales afectadas, la apertura del expediente. El exjefe de la UCO le pidió que no lo hiciera, pero obtuvo como respuesta que había que hacerlo porque el “DAO estaba recibiendo muchas presiones políticas”.
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