El año comenzó con una polémica muy sonada: el nuevo modelo de financiación autonómica que dividía a las regiones. Beneficiaba a todas, también a Cataluña. Ahora, el Gobierno quiere retomar este asunto y este lunes el ministerio de Hacienda ha enviado este lunes una carta a todas las comunidades autónomas para abrir de forma “inmediata” una ronda de reuniones bilaterales sobre la reforma del sistema de financiación. Tras la marcha de María Jesús Montero, es el ministro Arcadi España el encargado de tener cerrada la aprobación parlamentaria antes de que acabe el año.
Las reuniones, que podrán celebrarse de forma presencial o por videoconferencia según la disponibilidad de cada territorio, estarán a cargo del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón. El departamento busca concertar fechas con cada comunidad, aunque la convocatoria ya encontró resistencias: varios dirigentes territoriales del Partido Popular (PP) han manifestado sus reservas ante el formato bilateral y abogan por debatir el asunto en órganos multilaterales.
El paso siguiente, según el calendario trazado por el Gobierno, será la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Ese foro actuaría como antesala de la aprobación del nuevo modelo por parte del Consejo de Ministros y del inicio del trámite parlamentario. La exministra María Jesús Montero, artífice del plan, precisó en su momento que la reforma deberá plasmarse en una ley orgánica. Algunos grupos que sustentan al Gobierno ya han expresado su rechazo a ese planteamiento.
PUBLICIDAD
Los 21.000 millones sobre la mesa
La propuesta que diseñó Montero y que se presentó en enero de este año prevé que las comunidades autónomas dispongan de cerca de 21.000 millones de euros adicionales respecto al modelo vigente de cara a 2027. El grueso de ese incremento, unos 16.000 millones, provendría de ampliar la cesión del IRPF del 50% al 55% y la del IVA del 50% al 56,5%.
El modelo también reformula la llamada población ajustada —el indicador que pondera el número de habitantes según el coste de prestación de servicios— e incorpora a la cesta tributaria del sistema cuatro nuevas figuras: el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre depósitos bancarios, el impuesto sobre actividades de juego y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero.
La propuesta tuvo un recibimiento adverso desde el primer momento. En la reunión del CPFF celebrada en enero, todas las comunidades salvo Cataluña rechazaron de forma explícita el nuevo modelo, al que acusaron de nacer “viciado” por el pacto previo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras. Algunas autonomías llegaron a estudiar acciones judiciales, y federaciones socialistas como las de Castilla-La Mancha y Castilla y León también trasladaron sus dudas públicamente. Durante aquella reunión, Montero subrayó que la adhesión al nuevo modelo tendrá carácter voluntario para cada comunidad.
PUBLICIDAD