El pasado 26 de marzo, la joven Noelia Castillo, de 25 años, murió en su habitación de la residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes, en Barcelona. Lo hizo sola, tras despedirse de su madre y por voluntad propia. En 2022 sufrió una agresión sexual múltiple que la llevó a intentar suicidarse, por lo que quedó parapléjica con secuelas graves, dolor y un sufrimiento crónico. Un cóctel de varios fármacos puso fin en cuestión de minutos a casi dos años -601 días- de batalla judicial que convirtieron su eutanasia en una de las más mediáticas de los últimos años en España. Aparte de los numerosos bulos que circularon sobre su caso, Noelia ha sido la persona más joven en recibir la muerte asistida en nuestro país.
Su caso, y el de Francesc Augé, catalán de 55 años, en pausa a petición de su padre, de 94, han obligado al Tribunal Supremo a plantearse una pregunta que no responde la ley en vigor desde 2021: ¿puede un padre recurrir judicialmente la eutanasia de un hijo mayor de edad con plena capacidad mental?
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha defendido este martes que un familiar pueda oponerse a la eutanasia si hay vínculo “intenso”. Su pronunciamiento se produce a raíz de un recurso presentado por la Generalitat de Catalunya contra una decisión del Tribunal Superior de Justicia catalán, y pone el foco en la legitimación de terceros ajenos al solicitante de la eutanasia.
Según el Ministerio Fiscal, únicamente podrían intervenir familiares muy cercanos, siempre que exista algo más que un vínculo biológico. De hecho, la Fiscalía sostiene que esta “resulta insuficiente por sí misma” y solicita la existencia de “un intenso vínculo afectivo presente al tiempo de ejercitar la acción”.
Sin embargo, el ministerio público niega la legitimación cuando exista “conflicto de intereses”. Si la oposición a la eutanasia responde a motivos que no priorizan la voluntad del solicitante, la intervención de terceros pierde fundamento jurídico. En la misma línea, el informe descarta que asociaciones o colectivos puedan recurrir estas decisiones. “No afectan ni perturban el libre ejercicio de su actividad y el cumplimiento de sus objetivos, por lo que carecen de interés directo”, aseguran.
De esta forma, el criterio de la Fiscalía se apoya en la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en su sentencia 19/2023. En ella se reconoce que las resoluciones que autorizan la ayuda a morir pueden ser revisadas judicialmente mediante la vía contencioso-administrativa.
Noelia Castillo, un antes y un después
En el caso de Noelia, su eutanasia debió llevarse a cabo hace dos años, el 2 de agosto de 2024, pero una orden judicial paralizó el procedimiento in extremis a petición de su padre. Durante dos años, el hombre intentó de la mano de Abogados Cristianos impedir la muerte asistida de su hija y llevó su demanda hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), sin éxito.
“No ha respetado mi decisión y nunca lo hará. Me quería poner a mi nombre la casa que ha comprado para poder seguir cobrando la pensión por hijo a cargo. Después de eso, no quiere poner la casa a mi nombre, ni pagar el entierro, ni va a ir a la eutanasia, ni al entierro, y dice que no quería saber nada más de mí. Que para él ya estaba muerta. Yo lo entiendo. Es padre y no quiere perder a una hija, pero no me hace caso. No me llama nunca, no me escribe nunca. Lo único que hace es traerme comida. ¿Para qué me quiere viva? ¿Para tenerme en un hospital?“, dijo en una entrevista en el programa Ahora Sonsoles, único medio al que le concedió entrevista antes de su muerte.