La crisis de la vivienda, extendida por toda España (e incluso Europa), afecta a la mayoría de las ciudades del Estado, independientemente del tamaño. La compra de inmuebles por nuevos propietarios y la consecuente expulsión de las inquilinas deshace el tejido asociativo de los barrios y sustituye a quienes habitan en ellos por foráneos y espacios hostiles al día a día.
Desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, denuncian el hostigamiento constante de la empresa Desokupa hacia unas vecinas de Leganés que residen en el Edificio Soho, ubicado en el Polígono Industrial del Naranjo, al sur del municipio. Desde hace un mes, propietarios y conserjes han unido fuerzas para mantener inactivos los servicios básicos a familias como la de Natalia. Todo esto ocurre en un edificio de viviendas alquiladas falsamente como oficinas.
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Veinte días sin servicios básicos y con Desokupa en la puerta
Una de las vecinas, Natalia, es madre de dos hijos de tres y ocho años, y es una de las afectadas en Leganés. La mujer ha relatado su situación a la Federación, quienes se han hecho eco del día a día sufrido por quienes habitan el Edificio Soho. Natalia reside allí desde hace cuatro años, pero su realidad cambió de forma abrupta después de que un subastero adquiriese el piso donde reside
El conflicto se originó después de la compra del inmueble. El nuevo propietario subió el alquiler a Natalia más del doble: de 450 euros pasó a exigirle un abono de 1.500. De no abonar la nueva renta, la inquilina debe irse a la calle, según relata en un vídeo explicativo subido a redes sociales. “Me ha dado dos días para irme a la calle”, cuenta Natalia, quien no encuentra una alternativa habitacional en tan poco tiempo.
Ante la negativa de la mujer de abandonar su casa, aunque sigue pagando el alquiler rigurosamente, el nuevo propietario la amenazó con cortarle el agua y la luz, amenaza que no ha tardado en cumplir. Según su testimonio, Natalia permanece desde hace veinte días sin acceso a servicios básicos, mientras el nuevo propietario insiste en el desalojo. “Ya llevo veinte días sin agua y sin luz y lo próximo era mandarme desokupas”, afirma en el vídeo.
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El colaboracionismo entre conserjes y propietarios obstaculiza el día a día de Natalia
La situación se ha ido agravando, por lo que describe Natalia, por una colaboración entre los conserjes y algunos propietarios del edificio. La madre sostiene que los servicios de agua y electricidad permanecen inaccesibles debido a la existencia de una puerta antiokupa, cuya llave, según denuncia, es ocultada deliberadamente. “Los conserjes y los propietarios se ponen de acuerdo para que esta persona que vino a amenazarme diga que no está la llave, que no la encuentran y que por eso no me pueden poner el agua ni la luz”, relata. “Han venido más de diez veces las personas que ponen el agua y la luz y no los dejan entrar”, exclama Natalia.
La intervención policial no ha resuelto el problema. “La policía tampoco hace nada hasta que venga un juez y diga que tienen que quitar esa puerta antiokupa”, explica la mujer. Tras la puerta antiokupa, se encuentran los contadores de todo el edificio, sostiene la afectada. Mientras tanto, la familia permanece sin acceso a servicios básicos y bajo presión constante: “Como han visto que yo sacaba agua del parking, han cerrado las llaves, esto es una mafia”. La afectada insiste en que el pago del alquiler está al día y que su situación se debe únicamente a la voluntad del nuevo propietario de reformar y vender la vivienda. “Siempre he pagado el alquiler”, defiende.
La incertidumbre sobre el tiempo que tomará una resolución judicial incrementa la tensión. “Me dicen que tengo que esperar la orden de un juez, pero un juez puede tardar un mes, dos meses”, cuenta, “llevo veinte días así y no me dicen nada”, lamenta. En sus palabras finales, Natalia resume el impacto de la situación: “Todos los días se come, se duerme con agua y con luz, no con linternas, como una banda criminal”.
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