El Tribunal Supremo ha ratificado la expulsión de un guardia civil tras su condena penal por la comisión de tres delitos: robo con fuerza en las cosas, simulación de delito y organización criminal. Los hechos se remontan a septiembre de 2018, cuando Gervasio, junto a otros dos acusados, participó en un robo en a empresa de parkings en Paracuellos del Jarama, Madrid. El condenado desempeñó un papel clave en la ejecución del plan, que consistió en desactivar los sistemas de seguridad y quedarse con 42.000 euros.
En una sentencia publicada el pasado mes de febrero, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha considerado que la conducta de Gervasio constituyó un grave quebranto para la Administración y un daño directo para la empresa perjudicada, fundamentos en los que la Ministra de Defensa basó la sanción de separación del servicio. El tribunal ha afirmado que los hechos probados no se pueden reconciliar con la permanencia de este agente en el Instituto Armado y que la pérdida de confianza y prestigio de la institución justifica la medida más severa del régimen disciplinario.
La sentencia ha detallado que la sanción de expulsión responde a la gravedad y trascendencia de los delitos cometidos, así como al descrédito público que generó la actuación del exagente. El tribunal ha subrayado que participar en una organización criminal, simular un delito y ejecutar un robo con fuerza representa una violación de los valores fundamentales que deben regir la labor de cualquier miembro de la Guardia Civil. La resolución administrativa, avalada ahora por el Supremo, ha concluido que estos hechos provocaron un daño profundo a la imagen de la institución y a la confianza de la sociedad en su función de proteger los derechos y la seguridad ciudadana.
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La recepcionista les abrió la puerta
En los hechos que originaron el caso, el guardia civil Gervasio y sus cómplices urdieron un plan con la ayuda de la recepcionista de la empresa, que conocía los protocolos de seguridad. La noche del 17 de septiembre de 2018, la empleada desactivó los sistemas de seguridad y facilitó el acceso al recinto a través de un portón, cuyo mecanismo solo conocían los empleados. Desde fuera, Gervasio marcó el número necesario para abrir la puerta a distancia, permitiendo que su cómplice, Miguel, entrara con un vehículo.
Dentro de las oficinas, Miguel fingió un robo con violencia: se cubrió la cabeza, embozó su cara con una bufanda y, armado, ordenó a la empleada que se atase con bridas mientras la amenazaba de muerte si se movía. Después, se dirigió al lugar donde se guardaba el dinero, cogió los 42.000 euros de la recaudación y abandonó la empresa.
Pasados unos minutos, la recepcionista, siguiendo el plan, realizó una llamada a la Guardia Civil para denunciar que había sido víctima de un robo violento, lo que propició la llegada de las autoridades y la apertura de la investigación. La investigación penal llevó a que Gervasio fuera detenido de manera provisional. La condena ha evitado la pena de cárcel durante dos años, siempre y cuando no cometiera otro delito y pagara la responsabilidad civil. Con esta sentencia firme, el proceso disciplinario finaliza y Gervasio queda definitivamente fuera de la Guardia Civil.
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