La titular de la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado las primeras diligencias de investigación encaminadas a esclarecer el accidente en la pasarela de El Bocal en el que fallecieron seis personas el pasado 3 de marzo. En una providencia dictada este sábado, la magistrada cita a declarar como investigada a la agente de la Policía Local de Santander que un día antes del accidente recibió una llamada del 112 alertando del estado de la pasarela.
La jueza toma esta decisión tras recibir a mediodía del pasado viernes un “detallado y minucioso” atestado elaborado “en tiempo récord” por el Grupo III UDEV de la Brigada Provincial de Policía Judicial junto con la Brigada Provincial de Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria.
La resolución acuerda también la citación de distintas personas para el próximo 27 de marzo. Además de la agente de Policía Local, también se recibirá declaración, en calidad de testigos, a los dos ciclistas que alertaron de lo sucedido, al vecino que realizó la llamada al 112 el día antes, a la operadora del 112 que trasladó la incidencia a la Policía Local y a los dos agentes de Policía Nacional que realizaron la inspección ocular tras el accidente.
La magistrada pide que se mantenga el precinto de la pasarela
Junto a ello, la magistrada solicita al Servicio de Emergencias 112 que aclare si desde la creación de la senda costera ha recibido más llamadas alertando sobre el estado de la pasarela y en tal caso solicita que se le entreguen los audios.
La providencia también ordena a Costas y al Ayuntamiento de Santander que aporten toda la documentación relativa a la senda costera: expedientes administrativos y demás informes técnicos relativos al proyecto de ejecución y construcción, y también todos aquellos de los que se disponga atinentes al estado de conservación y mantenimiento.
En relación a la pasarela siniestrada, la magistrada pide que se mantenga el precinto, exigiendo la colocación de barreras físicas para evitar todo acceso a la misma, y requiere a Costas y al Ayuntamiento para que “se abstengan de realizar cualquier manipulación, traslado o alteración de la instalación”.
Por último, realiza el ofrecimiento de acciones a los familiares de las víctimas mortales, así como a la única superviviente por si desean personarse en la causa. La providencia de la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander no es firme, ya que contra la misma cabe la interposición de recurso de reforma ante el mismo órgano en un plazo de tres días.
El derrumbe de la pasarela
El colapso de la pasarela de El Bocal se produjo el pasado 3 de marzo de 2026 alrededor de las 16:30 horas, cuando un grupo de siete jóvenes que realizaban una ruta por la senda costera caminaba por la estructura, que cedió de forma repentina provocando que todos ellos cayeran desde varios metros de altura sobre las rocas y al mar.
El derrumbe fue tan súbito que solo una de las personas logró sobrevivir inicialmente, aferrándose a las rocas hasta ser rescatada por los equipos de emergencia y trasladada en estado grave al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde fue atendida por traumatismos severos. El resto del grupo, compuesto por jóvenes de entre 19 y 22 años, falleció como consecuencia de las graves lesiones y las caídas al mar.
Los equipos de búsqueda y rescate desplegaron un amplio operativo en la zona de El Bocal tras el hundimiento, en el que participaron bomberos, Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Policía y un helicóptero del Gobierno de Cantabria, que trabajaron durante días para localizar a las víctimas. En las primeras horas después del accidente fueron recuperados los cuerpos de varias de las víctimas, y la última fue encontrada en las aguas cercanas gracias a medios especializados como drones subacuáticos, prolongándose las labores de búsqueda durante días.
Ya en las horas posteriores al suceso, autoridades locales admitieron públicamente que la cadena de respuesta ante un aviso recibido por el 112 un día antes –que alertaba de que “el puente estaba roto y que si pasaba un grupo se podían caer y se matarían”– no funcionó correctamente, al no movilizarse patrullas ni acordonarse la zona tras ese aviso. El Ayuntamiento de Santander ha anunciado la apertura de un expediente sancionador al agente de la Policía Local que atendió aquella llamada y no actuó, aunque ha subrayado que el mantenimiento de la pasarela es competencia de Costas.