La Audiencia Nacional ha vuelto a advertir de forma expresa del deterioro de la capacidad del sistema judicial para absorber el volumen real de trabajo que soporta. La Sala de Gobierno del tribunal ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la creación “con carácter urgente” de dos nuevos juzgados centrales de instrucción, después de que los magistrados de estos órganos alertasen de una “situación próxima al colapso” y de una carga de trabajo que califican directamente de “inasumible”. La petición, lejos de ser excepcional, se produce en un contexto generalizado de saturación que se repite en juzgados de todo el país y que distintas instancias judiciales vienen denunciando desde hace años.
En el acuerdo aprobado por la Sala de Gobierno, el tribunal considera “inexplicable” que el último juzgado central de instrucción —el sexto— se crease en 1997, hace casi 30 años, pese a que desde entonces el mapa delictivo y la complejidad de las investigaciones han cambiado de forma radical. Los seis juzgados actuales concentran la instrucción de macrocausas de corrupción, grandes estafas financieras y tecnológicas, delitos económicos de enorme sofisticación, redes internacionales de narcotráfico y procedimientos relacionados con el terrorismo. Se trata de causas extensas, con múltiples investigados, abundante prueba documental y cooperación judicial internacional, que consumen recursos durante largos periodos de tiempo.
Los propios jueces centrales de instrucción expusieron la dimensión del problema en su última reunión, celebrada el 16 de enero. En ella constataron un “extraordinario y continuado aumento” de las órdenes europeas de detención e investigación, así como un “incremento exponencial” de las estafas masivas vinculadas a inversiones por internet y a delitos informáticos. A este escenario se suma la aparición de los nuevos procedimientos impulsados por la Fiscalía Europea, en los que los magistrados de la Audiencia Nacional actúan como jueces de garantías, una función añadida que incrementa de forma directa la carga de trabajo de unos órganos ya saturados.
La Sala de Gobierno, a propuesta de su presidente, Juan Manuel Fernández, recuerda que esta solicitud no es nueva. Ya fue trasladada con anterioridad al CGPJ y el órgano de gobierno de los jueces la incluyó en julio de 2025 en la relación de necesidades para el aumento de la planta judicial. El acuerdo subraya el “importante aumento, tanto cuantitativo como cualitativo”, del trabajo que asumen estos juzgados, una presión que se ha intensificado tras la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
La reforma organizativa ha transformado los antiguos juzgados en tribunales de instancia, de modo que los jueces centrales de instrucción han pasado a integrarse como plazas en la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia. Según la Sala de Gobierno, este nuevo modelo ha introducido una urgencia añadida: la desaparición de la figura del juez decano, que hasta ahora asumía funciones de coordinación y organización interna. El tribunal considera necesario crear una presidencia de los juzgados centrales para suplir ese vacío, pero la normativa no lo permite mientras no exista un mínimo de ocho plazas, lo que refuerza el argumento a favor de crear al menos dos más.
El colapso no se limita a la fase de investigación. En paralelo, el CGPJ ha aprobado recientemente el refuerzo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con tres magistrados en comisión de servicios, ante la acumulación de procedimientos pendientes de enjuiciamiento. A finales de 2025, al menos una veintena de causas llevaba años a la espera de que se fijase una fecha de juicio, una situación que prolonga de forma indefinida procesos de enorme relevancia pública.
A todo ello se añade, según dejaron constancia de forma unánime los jueces de instrucción, una “absoluta ausencia de información” sobre los planes y el desarrollo de la implantación de la nueva oficina judicial. La falta de concreción sobre cómo se reorganizarán los funcionarios y los letrados de la Administración de Justicia incrementa la incertidumbre en unos órganos que ya funcionan al límite de su capacidad.
Un patrón que se repite en las comunidades autónomas
Las advertencias lanzadas desde la Audiencia Nacional no son una excepción dentro del panorama judicial. En Galicia, la saturación de los juzgados se ha traducido en retrasos que afectan directamente a derechos básicos. En los juzgados de lo Social, los señalamientos de juicios por despido se están fijando a varios años vista, mientras que en la jurisdicción civil numerosos procedimientos se acumulan durante largos periodos sin fecha de resolución. Profesionales del derecho y asociaciones judiciales vienen alertando de que la falta de medios humanos y materiales está cronificando una situación de colapso.
En Cataluña, la propia presidencia del Tribunal Superior de Justicia ha reconocido públicamente la dificultad de absorber el volumen de asuntos con los recursos actuales. La sobrecarga afecta a distintas jurisdicciones y se refleja en retrasos estructurales que impactan tanto en ciudadanos como en empresas, especialmente en ámbitos como el mercantil y el penal, donde la complejidad de los procedimientos exige una dedicación prolongada.
También en Canarias los jueces decanos han advertido de los riesgos de implantar el nuevo modelo de tribunales de instancia sin una planificación clara ni un refuerzo suficiente de personal. Sindicatos de funcionarios y asociaciones profesionales coinciden en señalar que la reorganización, si no va acompañada de más medios, puede terminar agravando los retrasos existentes en lugar de resolverlos.
El Gobierno ha anunciado la creación de 500 nuevas plazas judiciales en todo el país, incluidas algunas destinadas a la Audiencia Nacional, como parte de un plan para reforzar la planta judicial. Sin embargo, desde dentro de la carrera judicial se insiste en que estos refuerzos llegan con retraso y en número insuficiente para corregir un problema que se ha ido acumulando durante décadas. La petición de dos nuevos juzgados centrales de instrucción se suma así a una larga lista de señales de alarma procedentes de distintos niveles del sistema judicial, que describen una justicia tensionada de forma permanente, incapaz de absorber con normalidad el volumen y la complejidad de los asuntos que se le encomiendan.