La Junta Extraordinaria de Accionistas de Talgo ha dado luz verde a una ampliación de capital de 45 millones de euros, que será suscrita por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y ha aprobado un nuevo esquema de financiación que permitirá la entrada del consorcio liderado por Sidenor en el accionariado de la compañía.
Esta operación, que se formalizará en los próximos días, supone un paso decisivo hacia la nacionalización parcial del fabricante de trenes, con la incorporación tanto del Estado como del Gobierno vasco a través de un consorcio público-privado. Según ha comunicado Talgo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la SEPI controlará inicialmente el 7,8% del capital social tras la ampliación, a un precio de 4,25 euros por acción, y el consorcio vasco adquirirá el 29,76% de la empresa.
La información facilitada por Talgo a la CNMV detalla que la ampliación de capital irá acompañada de dos emisiones de deuda por un total de 105 millones de euros. Además, la Junta ha aprobado la emisión de 300 bonos convertibles en acciones ordinarias por 30 millones de euros y otros 750 bonos convertibles por 75 millones, así como la formalización de un contrato de financiación sindicado de hasta 770 millones de euros y una línea de avales de hasta 500 millones, ambos con garantía parcial de la Compañía de seguros por cuenta propia y del Estado (Cesce).
La operación permitirá la salida del fondo británico Trilantic y la entrada de Sidenor, junto con las fundaciones bancarias BBK y Vital y el fondo público Finkatuz, que aportarán 156,67 millones de euros para hacerse con el 29,76% de la compañía, al mismo precio por acción que la SEPI.
Jainaga asumirá la presidencia con un consejo reestructurado
La Junta Extraordinaria celebrada en Madrid ha contado con el respaldo de más del 97% de los votos a favor de todos los puntos del orden del día, lo que permitirá acometer el nuevo esquema de financiación y reestructuración accionarial. El presidente de Talgo, Carlos Palacio Oriol, que será relevado próximamente, ha defendido que estos acuerdos han sido “indispensables” para garantizar la viabilidad de la empresa y proteger los intereses de accionistas, trabajadores, clientes y acreedores.
Junto a él, se espera también la salida del consejero delegado, Gonzalo Urquijo. Además, el consorcio vasco deberá decidir si otorga al empresario José Antonio Jainaga la presidencia ejecutiva con un consejero delegado de su confianza o si concentra ambos cargos en una sola persona. El nuevo consejo contará con los actuales consejeros independientes (Antonio Oporto del Olmo, Marisa Poncela, María José Zueco y Mario Álvarez), el representante de la SEPI, que ha propuesto a Juan Antonio Sánchez Corchero, actual presidente de SEA Empresas Alavesas, como consejero dominical, y hasta tres vacantes adicionales, una de las cuales podría corresponder al Gobierno vasco.
La SEPI ha reiterado tras la junta extraordinaria que la entrada del Estado en el capital de Talgo y la propuesta de Sánchez Corchero como consejero dominical forman parte de una operación clave para el futuro de la empresa. El respaldo del Gobierno vasco, junto con la participación de Sidenor y las fundaciones BBK y Vital, refuerza la colaboración entre los sectores público y privado en un contexto de desafíos económicos, según ha subrayado la SEPI en su comunicación oficial.
Talgo volverá al País Vasco tras marcharse por la amenaza de ETA
La Junta celebrada este viernes ha sido la última que tendrá lugar en Madrid, ya que uno de los acuerdos vinculados a la entrada del consorcio vasco es el retorno de la sede social de Talgo al País Vasco, comunidad que la empresa abandonó en su día por la amenaza del terrorismo de ETA.
La reunión ha coincidido, además, con la comparecencia de Jainaga en la Audiencia Nacional por una investigación relacionada con ventas de acero a una empresa israelí. El empresario ha declarado que en el momento de las operaciones no existían restricciones y que decidió cancelar las entregas en julio, antes de que el Gobierno español decretase el embargo de armas, añadiendo que esos envíos representaban menos del 0,2% de las ventas anuales de Sidenor.
En un comunicado posterior, la compañía ha lamentado los dos años de negociaciones que han transcurrido desde que Trilantic manifestase su intención de abandonar el capital, un periodo marcado por la negativa del Gobierno a la compra de Talgo a través de una OPA por parte de una empresa húngara. Esta decisión fue recurrida ante la justicia por Pegaso, el vehículo de inversión en el que participaban tanto Trilantic como la familia Oriol.
Talgo ha subrayado que la falta de un marco accionarial estable ha tenido un impacto negativo en la gestión y ha deteriorado de forma significativa la posición competitiva, económica y financiera del grupo. Además, la oferta húngara ascendía a cinco euros por acción, frente a los 4,25 euros en los que finalmente se ha cerrado la venta de la participación de Trilantic.