La noche del miércoles 3 de diciembre, apareció sin vida el cuerpo de Lucas, un niño de cuatro años, en la playa de Garrucha (Almería). El cadáver fue localizado en una zona de rocas próxima al antiguo cargadero de mineral, cerca del límite entre Garrucha y Mojácar, tras una alerta dada por la tía materna del niño a la Policía. La mujer había advertido a las fuerzas de seguridad tras recibir un mensaje en el que la madre le comunicaba que había dejado al menor en una caseta cerca del mar.
La investigación se centró rápidamente en la madre y su pareja sentimental, quien vivía con ellos a pesar de que sobre él pesaba una orden de alejamiento respecto a la mujer. Al día siguiente, ambos fueron detenidos como sospechosos de haber cometido el crimen y puestos en prisión preventiva. Tres días después, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Vera decretaba prisión provisional, comunicada y sin fianza para ambos.
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El hombre violó y golpeó a Lucas hasta causarle la muerte por derrame intestinal
El 3 de diciembre, la madre salió de casa hacia el kiosco donde trabajaba, dejando a Lucas al cuidado de su pareja. Durante ese lapso, el investigado agredió “de forma reiterada en el abdomen y en otras partes del cuerpo” al niño y perpetró actos de naturaleza sexual, según el atestado recogido en la instrucción judicial. Estas agresiones causaron un derrame intestinal, desencadenando el fallecimiento del menor, que la autopsia preliminar sitúa hacia las 15:30 horas como consecuencia de shock hipovolémico, desgarro hepático y politraumatismo abdominal de etiología homicida.
Hacia el mediodía, el hombre advirtió a la madre de que “el niño se encontraba mal”. De acuerdo con el auto judicial, esta habría regresado con prontitud a la vivienda y, según el instructor, podría haber estado presente durante parte de la agresión física “sin que hubiera tenido intención presunta de evitarlo o asistir a su hijo”. El documento agrega que mensajes remitidos por la investigada a familiares y allegados hacen pensar que ella reconocía algún grado de participación o conocimiento en la causa de la muerte del menor.
Tras el fallecimiento, tanto la madre como su pareja trasladaron el cuerpo hasta un antiguo búnker en la playa, dirección Mojácar, donde, según la instrucción, la madre acompañó a su pareja mientras este portaba el cadáver. Tanto la Guardia Civil como Protección Civil y la Policía Local intervinieron para localizar el cuerpo.
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La madre de Lucas tenía “indiciariamente conocimiento previo del maltrato habitual”
El auto judicial, recogido por Europa Press, indica que el hombre, que no es padre biológico del menor, “maltrataba y golpeaba de forma habitual” a Lucas, en ocasiones aprovechando las ausencias de la madre, cuando quedaba a solas con él, para llevar a cabo el maltrato. Esto no era infrecuente, según señala el documento, sino que la madre “dejaba habitualmente al menor bajo su responsabilidad” y que existía constancia previa de episodios de violencia en el entorno familiar.
El abogado José Luis Martín, quien representa al abuelo materno del menor, denunció carencias en la respuesta de los sistemas de protección infantil. “Existían señales evidentes de violencia y desatención que no fueron detectadas ni por el colegio ni por las fuerzas de seguridad”, declaró el letrado. Familiares sostienen que el niño acudía a clase con hematomas y lesiones visibles, incluidas fracturas, sin que el centro escolar llegara a activar los protocolos de maltrato infantil o absentismo.
El auto judicial también recuerda que el investigado ya había sido condenado con anterioridad a la prohibición de acercarse al menor por maltrato. Además, la madre tenía “indiciariamente conocimiento previo del maltrato habitual ejercido por el investigado sobre el niño”, testimonio corroborado por testigos y por lo que ella misma expuso en procedimientos judiciales previos.
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La decisión del juez de dictar prisión provisional sin fianza para ambos responde, según el auto, “al riesgo de fuga, la posible destrucción de pruebas y la carencia de arraigo suficiente”, al enfrentarse a “la mayor de las penas previstas” para los delitos actualmente investigados.
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