La huelga convocada para este 1 de julio de jueces y fiscales ha conseguido el 75 % de apoyo, según han informado las asociaciones convocantes en una rueda de prensa recogida por Europa Press. Este es solo el primer día de los tres en los que se va a llevar esta medida que busca parar las reformas anunciadas por el Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y la Fiscalía.
Se trata del único dato disponible puesto que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no considera convocada la huelga, por entender que carece de base legal, y no hará recuento alguno. Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) se adhirió al acuerdo alcanzado por el Pleno del CGPJ la semana pasada, por lo que tampoco ofrecerá cifra.
Fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ya aseguraron este lunes que “el Gobierno respeta las acciones convocadas para mañana por diferentes asociaciones judiciales y fiscales y a quienes se sumen a ellas, así como a los jueces, magistrados y fiscales que decidan no hacerlo” y reiteraron “la necesidad de una reforma que moderniza las Carreras Judicial y Fiscal por primera vez en 40 años y especialmente las pruebas de acceso, que son del siglo XIX”.
La huelga ha sido convocada por todas las asociaciones, excepto las progresistas: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)-.
“El retroceso más serio de los últimos 40 años”
El portavoz de la AJFV explicaba en un comunicado remitido a los medios de comunicación que secundan la huelga “para visibilizar nuestra oposición a la aprobación de una ley que supone el retroceso más serio en el Poder Judicial durante los últimos 40 años” y “que atenta contra el derecho ciudadano a una Justicia independiente e imparcial”.
“Cuando pasen los años y todos miremos hacia atrás, no queremos reprocharnos ni arrepentirnos de no haber hecho lo suficiente. Una ley que pretende el acceso arbitrario a la judicatura, que privilegia a las personas que acceden por el cuarto turno para ocupar la cúpula judicial, que restringe la participación democrática en las salas de gobierno, que politiza la comisión de ética judicial”, ha explicado.
Añade que “aumentan las competencias más, si cabe, del fiscal general del Estado sobre los fiscales con los perjuicios y riesgos que eso conlleva para todos los procesos en los que son parte”.
“Inicia un proceso de estabilización de 1.004 jueces y fiscales sustitutos contraviniendo los principios de mérito, capacidad e igualdad que exige nuestra constitución española bajo el falaje argumento que lo exige Europa y dañando e hiriendo de muerte al cuerpo de opositores que día tras día, año tras año, sacrifican su vida personal y familiar por conseguir el sueño de ser juez o fiscal. Todos queremos una justicia moderna y europea, pero esta ley pretende precisamente lo contrario”, ha concluido.
“En ningún caso quiebra el Estado de Derecho”
Sin embargo, no todos los jueces están a favor de esta huelga y la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha explicado, a través de su portavoz, Edmundo Rodríguez Achútegui, las razones por las que han decidido no sumarse.
“Jueces y jueces para la democracia no va a participar en la huelga que han convocado otras asociaciones judiciales en protesta por el proyecto de Ley de impulso de la Carrera judicial y Fiscal”, ya que, aunque, el proyecto previene “disposiciones que pueden ser criticables”, como la “forma en que está prevista la estabilización de la judicatura interina”, tiene otras beneficiosas.
“Creemos que es un acierto regular las becas para evitar que dependan de la voluntad de concederla cada gobierno o que se recupere una prueba práctica para el ingreso de la cuerda en la carrera judicial, como es un dictamen que permita conocer no solo los conocimientos memorísticos, sino también la capacidad de argumentación y de motivación de quien quiere ser juez”, agrega en un comunicado publicado en redes sociales.
Continúa explicando que “por otro lado, estamos de acuerdo con que el Centro de Estudios Jurídicos facilite a las personas que están opositando una forma de enseñanza pública el acceso a la carrera judicial y también que se supriman las fases de sustitución y refuerzo”, por lo que aunque es un proyecto “con todas las críticas que pueda merecer, en ningún caso quiebra el Estado de Derecho ni supone una afectación de la independencia judicial”.
“Respetamos el derecho de huelga de las personas que lo ejerciten, pero no compartimos que esté en peligro el Estado de Derecho o la independencia judicial”, finaliza.