La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se prepara para una de sus cumbres más delicadas de los últimos años, marcada por la presión de Estados Unidos para que los aliados europeos aumenten drásticamente su gasto militar. La cita tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de junio en La Haya, Países Bajos, en un contexto de escalada geopolítica, rearme acelerado en Europa y crecientes dudas sobre el compromiso estadounidense con la defensa colectiva.
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España llega a esta cumbre en una posición comprometida. Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado su intención de cumplir con el objetivo del 2% del PIB en gasto militar fijado por la OTAN en la cumbre de Gales de 2014, el país sigue siendo el miembro de la Alianza que menos invierte en Defensa. Según datos oficiales de la OTAN, en 2024 España destinó apenas el 1,3% de su PIB, situándose a la cola de los 32 aliados.
Pero el nuevo escenario plantea exigencias aún mayores. El secretario general de la OTAN, el neerlandés Mark Rutte, ha trasladado a los aliados la propuesta de elevar el umbral de inversión militar hasta el 5% del PIB. La iniciativa, impulsada desde Washington y respaldada por varios países del este europeo, responde al aumento de las amenazas globales, en especial la guerra en Ucrania y la creciente tensión con Rusia. Sin embargo, ha provocado reticencias en los gobiernos que no están en condiciones políticas o económicas de asumir ese salto presupuestario.
España ha dejado claro que no suscribirá ese nuevo compromiso en La Haya. Así se lo comunicó el presidente Sánchez al secretario general de la Alianza en una carta enviada este jueves, en la que reitera la disposición del Ejecutivo a alcanzar el 2% del PIB este mismo año, pero rechaza asumir metas adicionales. “Para España, comprometerse a un objetivo del 5% no solo sería irrazonable, sino también contraproducente”, afirma el texto.
El Gobierno español, atrapado entre sus compromisos y sus socios
La negativa de Pedro Sánchez a asumir el nuevo umbral del 5% no solo responde a consideraciones presupuestarias. En el fondo, el presidente del Gobierno navega un complejo equilibrio político interno. El Ejecutivo, en coalición con Sumar y apoyado por partidos nacionalistas y formaciones de izquierda, enfrenta una resistencia a cualquier medida que implique incrementar el gasto en Defensa.
Las reticencias son especialmente firmes en Sumar, la plataforma liderada por Yolanda Díaz, y en antiguos socios como Podemos, que consideran una “aberración” elevar el presupuesto militar en un contexto de necesidad social. Estos partidos exigen priorizar el gasto público en sanidad, vivienda o transición ecológica, y han advertido que apoyarían una subida solo si está vinculada a compromisos concretos de desmilitarización o transparencia.
De ahí que cualquier movimiento que implique una adhesión explícita al nuevo objetivo del 5% pueda tensar gravemente las costuras del Ejecutivo. El propio Sánchez es consciente de que comprometerse con esa cifra supondría arriesgar el apoyo parlamentario necesario para sacar adelante reformas clave de la legislatura.
En este contexto, la carta enviada a la OTAN pretende ser también un gesto hacia los aliados sin provocar un incendio político interno. En ella, Sánchez subraya que España ha sido uno de los países de la Alianza que más ha incrementado su gasto militar en los últimos años y que su compromiso con la seguridad colectiva es firme. “España continuará cumpliendo con su deber en los años y décadas venideros y seguirá contribuyendo activamente a la arquitectura de seguridad europea”, afirma el presidente en la misiva.
Pese a todo, el Gobierno español ha manifestado su disposición a seguir participando activamente en las misiones de la OTAN y a aumentar sus capacidades en ámbitos como la ciberseguridad, la defensa aérea o la disuasión en el flanco este, especialmente tras el estallido de la guerra en Ucrania. Lo que Sánchez pide es margen de maniobra y un enfoque más flexible que permita a cada Estado miembro definir su contribución según sus capacidades y realidades internas.
EE. UU. endurece el tono y lanza advertencias a los “morosos” de la OTAN
Desde Washington, la presión sobre la OTAN se ha endurecido con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, cuando juró como 47º presidente de Estados Unidos. Su mandato ha intensificado las exigencias a los aliados de que cumplan con el compromiso del 2% del PIB en defensa, y ha abierto la puerta a que el nuevo umbral del 5% quede también sobre la mesa.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha insistido este jueves en que el presidente Donald Trump espera que todos los países europeos, “incluida España”, alcancen el 5 % del PIB en gasto militar, apelando a que esa exigencia es “justa” dado el elevado coste que asumen los contribuyentes estadounidenses para garantizar la defensa común. En rueda de prensa, Leavitt declaró: “Si quieren que EE. UU. nos defienda, primero deben demostrar que invierten lo necesario” y añadió que se encargará de que Trump reciba directamente los comentarios del Gobierno español.
Esta toma de postura ha encendido las alarmas en Bruselas. El núcleo duro de la OTAN –liderado por EE. UU. bajo Trump– pone en cuestión no solo la cláusula de defensa colectiva, sino también el principio de solidaridad que ha sostenido a la Alianza desde 1949. En su discurso inaugural, celebrado dentro del Capitolio debido a condiciones climáticas adversas, Trump empleó un tono decididamente “America First” y subrayó que los aliados deben cumplir sus compromisos económicos, o arriesgarse a una revisión del soporte militar estadounidense.
La inquietud no es nueva. Durante su primer mandato, Trump ya cargó contra países como Alemania, Bélgica, Italia o España por no alcanzar el mínimo del 2% del PIB acordado en la cumbre de Gales. El resto de la Alianza, en especial países del norte y este de Europa, comparte la preocupación por la solidez defensiva frente a Rusia y China. La decisión de Trump de ordenar un desfile militar de gran envergadura en Washington el 14 de junio —que incluyó la exhibición de 6.000 tropas y tanques— pretendía mostrar fuerza, pero también suscitó una ola de protestas “No Kings” en más de 2.100 ciudades de EE. UU. y otras tantas en el extranjero.
Frente a esta presión, el expresidente Joe Biden había respaldado incrementos en el gasto militar durante su mandato, pero sin promover un objetivo como el 5% del PIB. Ahora con Trump al mando, Estados Unidos exige más claridad y compromiso a sus aliados: o invierten más, o podrían no contar con la garantía total de protección.
La cumbre de La Haya será, en ese sentido, una prueba de fuego para la cohesión aliada. Se espera que EE. UU. y los países bálticos presionen para que el objetivo del 5% se incluya, al menos, como una referencia aspiracional en la declaración final. España y otros Estados miembros, sin embargo, trabajan para que dicha mención sea opcional, flexible o incluso eliminada del texto, a fin de evitar compromisos que no puedan asumir en el corto plazo.
La Alianza busca equilibrio para evitar fracturas
A pocos días del encuentro en Países Bajos, el reto principal de la OTAN no es solo fijar nuevos objetivos de gasto, sino preservar la unidad entre sus 32 miembros. La exigencia del 5% impulsada por Washington ha generado divisiones visibles entre los socios más beligerantes con Moscú —como Polonia, Estonia o Lituania— y otros, como España, Italia o Bélgica, que piden prudencia y flexibilidad.
En Bruselas se busca una solución de compromiso. Una de las fórmulas sobre la mesa es mantener el umbral del 2% como “base mínima” y añadir el 5% como un “horizonte de referencia”, sin carácter vinculante. Otra opción es permitir que cada Estado miembro defina su aportación no en función del PIB, sino de sus “capacidades concretas” en materia de defensa, lo que daría más margen a países como España para justificar su contribución mediante efectivos, misiones o apoyo logístico.
España, por su parte, trata de evitar un escenario en el que tenga que vetar el texto final —la OTAN adopta sus decisiones por unanimidad—, pero también se resiste a respaldar una declaración que pueda comprometer su equilibrio político interno o tensar sus cuentas públicas. En su carta al secretario general Mark Rutte, el presidente del Gobierno subraya que “España no puede comprometerse con un objetivo específico de gasto en términos de PIB en esta cumbre” y advierte que asumir el nuevo umbral del 5 % “no solo sería irrazonable, sino contraproducente”. Para evitar una fractura en la cumbre, Sánchez propone incluir una “fórmula más flexible” que permita introducir el nuevo objetivo como “opcional” o, directamente, excluir a España de su aplicación.
Más allá del debate técnico, lo que está en juego en La Haya es la propia credibilidad de la OTAN como alianza política y militar. En un mundo multipolar, con guerras abiertas en Europa oriental, tensiones crecientes en Asia y amenazas híbridas cada vez más complejas, los líderes aliados se ven obligados a repensar su arquitectura de seguridad sin poner en peligro la cohesión interna.
La postura de España simboliza ese difícil equilibrio: cumplir con el compromiso colectivo sin romper el consenso político doméstico. La cumbre podría cerrarse con un acuerdo ambiguo que permita a todos los miembros salvar la cara, pero el debate sobre quién paga y cuánto por la seguridad común seguirá marcando el pulso de la Alianza en los próximos años.