La Policía Nacional ha desmantelado una red criminal, operativa en el Estrecho de Gibraltar, dedicada al tráfico de personas y drogas. La organización, asentada en Ceuta y Algeciras (Cádiz), utilizaba embarcaciones de fibra para transportar migrantes y sustancias estupefacientes en lo que se conoce como “cargas mixtas”. Esta red ha sido responsable de la llegada clandestina de al menos 200 migrantes marroquíes a España, obteniendo más de 2,5 millones de euros en beneficios por el tráfico de personas.
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Durante la operación policial, fueron detenidas ocho personas, entre ellas un menor de edad. Se incautaron, entre otros objetos, 22 kilogramos de hachís, 10.800 comprimidos de clonazepam y un total de 47.000 euros en efectivo, además de embarcaciones, vehículos, joyas y armas blancas. El modus operandi de la red criminal, que operaba a través de rutas marítimas peligrosas, ha sido descrito como extremadamente arriesgado y bien organizado.
El “pack completo”
Según la investigación, los migrantes que querían acceder al “pack completo” ofrecido por la red criminal podían pagar hasta 14.600 euros, lo que incluía el viaje desde Marruecos, el hospedaje en pisos de seguridad en Ceuta y el traslado hasta su destino final en España o incluso otros países europeos. Una vez cruzada la frontera del Tarajal, los migrantes eran trasladados clandestinamente a pisos de seguridad en Ceuta, donde permanecían bajo amenazas hasta que pagaban la totalidad del precio pactado.
Estos pisos eran utilizados para retener a los migrantes en condiciones precarias, sin acceso a alimentos adecuados y sometidos a constante vigilancia. Solo cuando las condiciones meteorológicas lo permitían, los migrantes eran liberados para completar la travesía hacia Algeciras, una operación que a menudo implicaba el transporte simultáneo de sustancias estupefacientes, lo que incrementaba los beneficios de la organización criminal.
Las embarcaciones utilizadas por la red eran embarcaciones de fibra pilotadas por personas sin experiencia, incluidos menores de edad, que recibían formación específica para estas actividades ilícitas. Estos barcos, que carecían de medidas básicas de seguridad, como chalecos salvavidas o dispositivos de navegación, operaban en condiciones climáticas adversas, aumentando considerablemente el riesgo de naufragio.
En muchos casos, el número de personas transportadas excedía la capacidad de las embarcaciones, lo que, sumado al peso adicional de las sustancias estupefacientes, hacía que el peligro fuera aún mayor. Además, los migrantes eran transportados a veces a nado, utilizando scooteres subacuáticas para evadir los controles fronterizos, lo que implicaba condiciones extremadamente peligrosas para las personas involucradas.
Estructura jerárquica
La organización criminal desarticulada tenía una estructura jerárquica clara, dividida en tres niveles. En la cúspide se encontraban dos individuos responsables del control estratégico y financiero de las operaciones, uno de los cuales operaba desde Ibiza y el otro desde Ceuta. Estos individuos coordinaban las rutas de tráfico, gestionaban los pagos exigidos a los migrantes y mantenían los contactos necesarios en ambos lados de la frontera.
El segundo nivel de la organización estaba formado por los encargados de la parte más operativa: los que realizaban el cruce marítimo, incluidos los menores entrenados como pilotos. Finalmente, el tercer nivel estaba compuesto por los encargados del apoyo logístico en tierra, quienes se encargaban del traslado de los migrantes a los pisos de seguridad, la vigilancia de estos, y el cobro de los pagos por los servicios prestados.