Victoria Salinas, Lucía Carmona y Marta M., tres trabajadoras del ámbito de lo social, han iniciado una recogida de firmas en la plata forma ciudadana Change.org solicitando “más medios y más seguridad” tras el asesinato de Belén Cortés, una educadora social de 35 años, por parte de tres menores en un piso tutelado de Badajoz el pasado 9 de marzo. Su objetivo es evitar que se produzcan las situaciones de riesgo a las que se enfrentan los profesionales del sector a la hora de trabajar en estos pisos de cumplimiento de medidas judiciales en régimen abierto, dispositivos que se centra en la rehabilitación y vigilancia de los menores que han cometido algún delito como hurtos, robos con fuerza o agresiones.
“Llevamos años advirtiendo de que esto podía pasar. Nos enfrentamos a diario a situaciones de riesgo y no tenemos suficiente seguridad: ni cámaras, ni protocolos claros, ni personal mínimo”, ha indicado Victoria Salinas, impulsora de una de las iniciativas, que asegura que abandonó su trabajo porque temía por su vida y demanda urgentemente más personal de seguridad y más medios. La joven explica al reincorporarse de una baja médica “vivió un motín” sin que nadie la protegiera, por lo que se pregunta “hasta cuándo deben seguir soportando estas condiciones los educadores sociales”.
Salinas, que ya ha logrado reunir más de 96.000 firmas en la plataforma aunque el objetivo es alcanzar 150.000, también explica que a lo largo de sus últimos años de trabajo “la violencia por parte de los menores había aumentado” y, en concreto, en el centro donde se desempeñaba como educadora “no se cumplía el mínimo necesario de personal de seguridad para acompañarlas”. Tampoco se están cumpliendo, añade, las ratios de número de educadores sociales por centro o protocolos de actuación por falta de personal, por lo que “simplemente se sigue sacando el trabajo adelante a costa de la salud e integridad física de los profesionales”, lamenta.
Por ello, la joven dirige su recogida de firmas al Ministerio del Interior, a quien solicita que a los trabajadores de lo social les acompañe “personal de seguridad” para realizar su trabajo “en aquellos dispositivos donde la conflictividad y el riesgo lo requieran, como son los centros de menores en, tristemente, cada vez más casos”. “No queremos más tragedias”, asevera.
Por su parte, Lucía Carmona, también educadora social, señala en otra petición que ella y sus compañeros enfrentan un “constante malestar físico y psicológico debido a las condiciones inhumanas” en las que trabajan, mientras que Marta M. también ha manifestado que los profesionales del sector sufren a diario “situaciones de riesgo que comprometen su seguridad e integridad”.
Internamiento en régimen cerrado
En el caso de la educadora social asesinada en Badajos hace una semana, los menores (dos chicos de 14 y 15 años y una joven de 17) se encontraban en un piso de cumplimiento de medidas judiciales en régimen abierto por haber cometido delitos, un dispositivo diferente a los que están destinados a la protección de los menores que no pueden crecer con su propia familia, ya sea por la existencia de malos tratos físicos o psíquicos o de abusos sexuales por parte de las personas de la unidad familiar, por la ausencia de escolarización o por el consumo habitual de drogas por parte de los progenitores de forma que incida gravemente en su desarrollo, entre otras situaciones de abuso, maltrato y abandono.
Los tres menores que fueron detenidos por el asesinato de Belén Cortés huyeron en el coche robado a la víctima, con el que tuvieron posteriormente un accidente. El Juzgado de Badajoz ha decretado la medida de internamiento en régimen cerrado para los tres mientras siguen abiertas las diligencias judiciales por los presuntos delitos de homicidio, robo con violencia y contra la seguridad vial, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
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