La incertidumbre que durante meses mantuvo en vilo a más de 1,5 millones de beneficiarios del sistema sanitario de Muface parece haber llegado a su fin. Las aseguradoras Asisa y Adeslas han confirmado su participación en el nuevo concierto propuesto por el Gobierno, garantizando así la continuidad del modelo sanitario para funcionarios y sus familias. Este acuerdo, que estará vigente desde el 1 de abril de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2027, pone fin a una crisis que se prolongó por cinco meses y que amenazaba con desmantelar el sistema.
El conflicto se originó en noviembre de 2024, cuando las tres aseguradoras que aún formaban parte del modelo —Adeslas, Asisa y DKV— rechazaron las condiciones del concierto vigente. Según detalló el medio, las compañías calificaron el modelo como deficitario debido a las pérdidas económicas que enfrentaban, exigiendo un aumento del 40 % en las primas para continuar ofreciendo sus servicios. Este rechazo dejó en el aire la cobertura sanitaria de más de un millón de funcionarios y sus familiares.
El Gobierno, a través del Ministerio de Función Pública, respondió a las demandas de las aseguradoras con una serie de modificaciones en las condiciones del concierto. Tras dos intentos fallidos de licitación, en enero de 2025 se presentó una tercera propuesta que elevó el presupuesto total a 4.800 millones de euros, destinados a cubrir los próximos tres años del sistema sanitario de Muface. Este incremento presupuestario, que representa un aumento significativo respecto a las condiciones iniciales, fue clave para atraer nuevamente a Asisa y Adeslas al modelo.
Ambas aseguradoras valoraron positivamente los nuevos términos del concierto, confirmando su adhesión al mismo. Sin embargo, DKV, la tercera compañía implicada, ha rechazado finalmente seguir en Muface, pese al “gran esfuerzo realizado por la Administración”, comunicó este martes. Pese a que el aumento del presupuesto despertó la atención de nuevas compañías, como Mapfre y AXA, estas tampoco participarán en el concierto tras analizar las últimas condiciones al no encajar en sus estrategias.
La resolución también incluye a otras mutualidades administrativas, como las de jueces (Mugeju), militares (Ifsas) y diplomáticos, lo que eleva el total de beneficiarios a 2,1 millones de personas. El Estado destinará más de 6.250 millones de euros en los próximos tres años para financiar la sanidad concertada de este amplio colectivo.
Dos aseguradoras para más de un millón de funcionarios
Finalizado el plazo para la convocatoria, serán Adeslas y Asisa las únicas encargadas de la asistencia sanitaria del millón y medio de beneficiarios amparados por el paraguas de Muface. Hasta ahora, Adeslas era la aseguradora mayoritaria del modelo y atendía a 508.703 mutualistas, según los datos de 2023. Asisa, por su parte, englobaba a un total de 363.946 beneficiarios, entre funcionarios y familiares.
Ahora, las dos aseguradoras deberán repartirse a los 199.619 mutualistas que quedan descubiertos tras la caída de DKV. Por su parte, será la entidad Nueva Mutua Sanitaria quien se haga cargo de la cobertura de los 7.969 funcionarios españoles en el extranjero. Los cerca de 500.000 trabajadores públicos restantes continuarán en la sanidad pública, tal y como han elegido.