A las puertas del último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), la ministra de Sanidad, Mónica García, ha arremetido contra el Partido Popular por haber vetado el plan común para hacer frente a los virus respiratorios del invierno como la gripe o el coronavirus.
“La gripe es una epidemia estacional que viene todos los años, que se cobra vidas y que lleva a los más vulnerables a ingresar y a enfermar”, ha recordado la ministra. La llegada de los virus respiratorios genera cada invierno un aumento de la presión asistencial, que en 2023 llevó los servicios sanitarios cerca del colapso en algunas regiones. Para intentar evitar que la situación se repitiera este año, al finalizar el verano el Ministerio de Sanidad comenzó a trabajar en un plan común que ayudase a prevenir la saturación del SNS. El plan se elaboró “con todos los técnicos de todas las comunidades”, ha asegurado la ministra.
Sin embargo, la Comisión de Salud Pública no logró aprobarlo a causa del rechazo del PP, que votó “contra sus propios técnicos” el pasado mes de octubre, y el debate no se ha vuelto a retomar. Los consejeros consideraron entonces que el plan adolecía de una “falta de criterio técnico” y una “cierta improvisación”, si bien la crítica principal parecía dirigida a la implantación de las mascarillas, prevista de forma gradual según aumentasen los niveles de riesgo. El documento ha sido finalmente publicado como una serie de recomendaciones, sin obligación de ser cumplido por las comunidades autónomas.
Para García, el rechazo del PP se trata de una “irresponsabilidad absolutamente inadmisible”. “No entendemos por qué el Partido Popular ha priorizado sus intereses partidistas y su lucha constante contra el Gobierno de España frente a la protección de la salud de sus ciudadanos”, ha criticado en una rueda de prensa.
“El año pasado tuvimos que intervenir desde el Ministerio de Sanidad, tuvimos que poner mascarillas obligatorias en vez de recomendaciones porque estábamos viendo cómo se estaba desbordando otra vez la curva de la gripe”, ha recordado la ministra. Evitarlo “es cuestión de tener un protocolo común y lo habíamos trabajado perfectamente con todas las comunidades, hasta que se ha introducido el interés político”, ha añadido.
La atención primaria, Muface y el aborto, temas centrales en un interterritorial ambicioso
El último CISNS planea abordar varias reformas y planes clave para el futuro del Sistema Nacional de Salud. El encuentro arrancará con el debate de varios proyectos normativos, como el real decreto del cannabis medicinal, previsto para cuatro patologías concretas; la modificación del real decreto de productos asociados del tabaco, que regulará las bolsas de nicotina y los vapers con o sin nicotina, restringirá los aromatizantes e introducirá el etiquetado genérico en cajetillas y tabaco de liar; o la aprobación del protocolo para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia al aborto.
“El derecho al aborto es un derecho fundamental y nuestra misión es garantizarlo sin excepciones y sin más demoras”, ha declarado García, si bien reconoce que “su incumplimiento en diferentes lugares de nuestro territorio sigue siendo una realidad que es inadmisible”. El protocolo para la creación del registro de objetores viene a responder una demanda de las autonomías, que solicitaban un marco común desde el que actuar. “Ahora mismo ya no hay excusas”, ha sentenciado García.
Está previsto asimismo que se apruebe la creación del Sistema de Información en Vacunaciones e Inmunizaciones (SIVAIN), así como el calendario de vacunación del próximo año. A su vez, la ministra traerá a la mesa la negociación del nuevo Estatuto Marco, que plantea una reclasificación profesional de los trabajadores sanitarios “a coste cero”, es decir, sin subidas salariales, según han denunciado los sindicatos del sector.
Entre los puntos de más relevancia para el ministerio se encuentra la aprobación del Plan de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, “un auténtico hito” para la sanidad pública, según García. Recientemente, Sanidad ha publicado la valoración del anterior plan, que evidenciaba una atención primaria infrafinanciada y marcada por la falta de profesionales sanitarios. El nuevo plan contará con la ampliación de los equipos multidisciplinares, reforzará la longitudinalidad de la atención (un médico para toda la vida) y eliminará barreras burocráticas para optimizar trámites administrativos, entre otras medidas.
Por último y a petición de las consejerías del Partido Popular, Sanidad explicará a las comunidades el impacto que podría tener para la sanidad pública la absorción de los mutualistas de Muface. La continuidad del modelo, que ofrece asistencia sanitaria privada a más de un millón de funcionarios, peligra desde que el pasado 5 de noviembre las aseguradoras rechazasen presentarse al concierto publicado por el Gobierno, que ofrecía un aumento de las primas de más del 17%, algo que han considerado insuficiente.
Desde el PP, pretendían que el consejo interterritorial culminase en un llamamiento que instase al Gobierno a licitar “con urgencia” una nueva licitación. Asimismo, han propuesto establecer “colaboraciones con aseguradoras privadas” en caso de que Muface llegue a su fin, para atender a los 1,5 millones de funcionarios que entrarían a la sanidad pública.
García ha recordado que las negociaciones de Muface no son responsabilidad de su ministerio, sino del de Función Pública, pero ha insistido en que “la sanidad pública puede asumir perfectamente a los mutualistas”, tal y como mostró en un reciente informe titulado “MUFACE: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud”.