A finales de abril de este año, el PSOE estaba sumido en el desconcierto. El debate sobre la sucesión se asomó por las ventanas de Ferraz cuando Pedro Sánchez se dio cinco días para decidir si continuaba o no al frente del Gobierno. Tras anunciar que permanecía al frente, el ánimo de los socialistas siguió tocado ante la posibilidad de quedarse huérfanos de liderazgo, pero su secretario general tardó pocos días en despejar esa incógnita al augurar su intención de llegar a 2027 para volver a presentarse a las elecciones.
Este domingo, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE ratificó su apuesta de continuar al frente del partido, con “más ganas, más ilusión y más fuerza que nunca”, y emplazó a los suyos a ganar las elecciones autonómicas, locales y generales previstas para dentro de tres años. Sánchez adoptó este compromiso en el 41 Congreso Federal del partido, celebrado en Sevilla, frente a 7.000 personas y después de haber sido reelegido con el 90% de los votos como líder de la formación por cuarta vez en diez años.
Su intención se mantiene intacta, aunque el presidente del Ejecutivo sigue de pie en un contexto político y judicial mucho más desfavorable que hace siete meses. La embestida que sacudió a Sánchez ha ido a más a medida que han aumentado las causas judiciales que cercan a su entorno, con su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, imputados en dos casos distintos.
A esta “estrategia de cacería humana”, como la denominó en Sevilla el número tres del PSOE, Santos Cerdán, se suman las acusaciones sobre corrupción que salpican a varios cargos del Gobierno e importantes dirigentes socialistas en el marco del caso Koldo (entre ellos, al propio Cerdán). De momento, las declaraciones del presunto comisionista, el empresario Víctor de Aldama, no se han sustentado con pruebas que las demuestren.
Sin embargo, en los últimos días se ha añadido otra línea de investigación que mantiene a la Moncloa bajo sospecha. Se trata de la causa abierta contra el fiscal general en el Tribunal Supremo por la presunta revelación de secretos por la filtración de los correos electrónicos en los que el novio de Isabel Díaz Ayuso admitía dos delitos fiscales.
Sin sorpresas en la renovación de la cúpula federal
En medio de las controversias judiciales, el cónclave socialista ha servido para reforzar a su secretario general. Sin apenas contestación interna —solo Emiliano García-Page llamó a hacer autocrítica—, Sánchez miró hacia 2027 con optimismo. “Los lamentos, el gris cenizo del pesimismo, que se los queden la derecha y la ultraderecha”, añadió. Fijó la prioridad de volver a ganar poder territorial en las elecciones autonómicas y municipales: “Los gobiernos (locales y autonómicos) negacionistas durarán lo que dure esta legislatura”.
Hasta que ese momento llegue, Sánchez fía la remontada del partido al papel del Gobierno. “A cada ataque suyo (de la derecha y la ultraderecha) habrá una nueva política progresista aprobada en el Boletín Oficial del Estado”. El presidente del Ejecutivo arengó a la tropa socialista a seguir por este camino, aunque admitió que las metas perseguidas “no son fáciles de alcanzar” por la complicada “aritmética parlamentaria” y por tener enfrente a la “oposición más desleal de Europa”.
Para esta nueva etapa, el líder del PSOE decidió seguir de la mano de los mismos escuderos, apostando por la continuidad de María Jesús Montero como vicesecretaria general, y Santos Cerdán como secretario de Organización. Como novedad, la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, se convirtió en la número cuatro del partido, y Enma López y Francisco Ayala, críticos con el exdirigente madrileño Juan Lobato, pasaron a integrar la cúpula federal, que mantiene a siete ministros.
Lejos de las previsiones iniciales por la polémica financiación singular para Cataluña pactada por el PSC con ERC, esta cuestión se saldó con un acuerdo que contenta a todos. Los socialistas consensuaron un texto relativo a esta cuestión en la ponencia, que establece que el nuevo modelo se aprobará “de manera multilateral” en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, “sin perjuicio” de la “relación bilateral” con cada comunidad y orientado hacia un modelo “federal”. También, recoge el derecho a la “relación bilateral del Estado con cada comunidad autónoma en función de lo recogido en los diferentes estatutos” de autonomía.
Entre los compromisos adquiridos por el partido, destacan también la modificación de la LOREG para que el derecho al voto se pueda disfrutar desde los 16 años, y el aumento del parque público de vivienda hasta superar el 6% del total. En este sentido, Sánchez anunció su intención de crear una “gran empresa pública de vivienda, capaz de construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado”.
Por último, aunque Sánchez habló de “no dar pasos atrás”, los socialistas acordaron borrar las siglas Q+ del nombre del movimiento LGTBIQ+, una medida criticada por formaciones a su izquierda, incluidos sus socios de coalición, ya que supone reabrir el debate sobre los derechos de las personas trans.