La propuesta de un marco fiscal singular para Cataluña plantea desafíos para el equilibrio fiscal nacional, reconocen los analistas de Funcas en su último número de Cuadernos de Información Económica, en el que abordan el debate sobre las consecuencias económicas que acarrearía esa reforma del sistema de financiación, entre ellas “restaría recursos a la administración central y al resto de las autonomías”, además tendría “efectos negativos” sobre la financiación del resto de comunidades no forales y “complicaría” el escenario presupuestario para 2025.
Según el acuerdo de financiación autonómica alcanzado entre el PSC y ERC, se otorgaría a Cataluña una mayor autonomía fiscal y un modelo similar al sistema foral del País Vasco y Navarra. La Agencia Tributaria de Cataluña gestionaría la recaudación, y se establecería una contribución limitada a la nivelación interterritorial, siguiendo el “principio de ordinalidad” para no alterar su posición fiscal.
Este pacto, que requiere aprobación legislativa, plantea riesgos, advierte Santiago Lago Peñas, experto de Funcas, como “la reducción de la capacidad de respuesta ante crisis asimétricas y la fragmentación de la política tributaria”.
Equilibrio fiscal nacional, en riesgo
Reconoce, además, que su aplicación incentivaría a otras regiones a solicitar un régimen similar, impactando el equilibrio fiscal nacional y el modelo de descentralización. A su juicio, “la fragmentación territorial de la gestión tributaria complicaría la labor recaudatoria y el control del fraude”, cuando “la experiencia de articulación de las haciendas forales con la AEAT dista de ser óptima”.
El acuerdo entre PSC y ERC plantea como objetivos centrales la plena autonomía financiera del gobierno autonómico catalán, el protagonismo de la bilateralidad en las relaciones entre la Generalitat y el gobierno central, y el incremento sustancial de los recursos para Cataluña por la vía de la reducción de su contribución a la nivelación interterritorial.
Para lograr esos tres objetivos los dos partidos políticos acordaron dos cambios fundamentales sobre el modelo vigente. El primero comporta la sustitución de la Agencia Tributaria estatal (AEAT) por la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) para la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos soportados en Cataluña, con un aumento sustancial de la capacidad normativa para la Generalitat. Un proceso que se haría de forma progresiva, comenzando por el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en 2025.
Para compensar esa retirada de la Administración central, se plantea la creación de una “aportación catalana a las finanzas del Estado” que tendría dos componentes: la aportación a la financiación de los gastos de la Administración central y una aportación a la nivelación interterritorial. Esto significa que la posición de Cataluña en el ranking autonómico antes y después de la nivelación debe ser la misma.
Aplicación en el aire
La aplicación de este acuerdo obligaría a modificar la legislación orgánica en el Congreso de los Diputados, señala Santiago Lago, lo que exige el respaldo de al menos 176 diputados. “Un umbral que podría ser difícil de alcanzar dada la diversidad de posiciones políticas en torno a la financiación autonómica”, señala el autor.
Santiago Lago junto a Fernández Leiceaga estiman que que si la aportación de Cataluña a la nivelación interterritorial en el nuevo sistema fuese del 50% de su aportación al sistema actual, el trasvase de recursos a la hacienda catalana sería de 2.641 millones con un cupo calculado según PIB; y de 4.519 millones si se estimase a partir de la población de Cataluña. Por lo que a su juicio, “ninguna reforma hasta la fecha habría tenido un impacto tan intenso sobre la posición relativa de una comunidad autónoma”.
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