El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama espera este miércoles a Alvise Pérez para tomarle declaración por el presunto cobro ilegal de 100.000 euros del empresario Álvaro Romillo, alias CryptoSpain, en plena campaña a las elecciones europeas. Según informan fuentes jurídicas a Infobae España, el tribunal mantiene la citación del eurodiputado para declarar de forma “voluntaria” pese a que éste se negó por su condición de aforado.
La defensa del líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) recurrió la resolución del juez ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre el asunto, según las mismas fuentes. De esta forma, Alvise tendría que presentarse en la Audiencia Nacional a las 10:45 horas de este miércoles, mismo día en el que está citado como investigado el propio Álvaro Romillo.
El abogado de Alvise esgrimió que su cliente, al ser eurodiputado, “solamente puede ser investigado por el Tribunal Supremo por su condición de aforado”. Sin embargo, el juez Calama le ofreció comparecer “de forma voluntaria” para poder defenderse de los posibles indicios contra él que el propio magistrado puede en un futuro recabar y trasladar al alto tribunal, que sería el competente para investigarle. A juicio de la defensa de Alvise, el juez se extralimita en sus competencias y vulnera su derecho de defensa.
En caso de no acudir este miércoles a la Audiencia Nacional, el juez instructor podría citarle de nuevo a declarar o enviar una exposición razonada para que, si así lo considera, el Tribunal Supremo decida si imputa al eurodiputado y le interroga en calidad de investigado. La Fiscalía del alto tribunal tuvo sobre la mesa unas diligencias por estos mismos hechos, pero las dejó en manos del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que ya estaba investigando el pago de 100.000 euros a Alvise en el marco de la causa del chiringuito financiero Madeira Invest Club.
En otra reciente resolución, a la que ha tenido acceso Infobae España, el magistrado Calama rechaza el recurso que interpuso la defensa de Álvaro Romillo contra la personación en calidad de perjudicados de dos asociaciones de damnificados por la criptoestafa del Madeira Invest Club, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, y un tercer grupo de víctimas. “El recurso deber ser desestimado en la medida que la resolución que se recurre no incurre en infracción alguna”, subraya el juez. Además, afea a la “representación procesal” de Álvaro Romillo que “no le corresponde dar instrucciones a este órgano judicial de cómo debe ordenar el procedimiento y cuáles deben ser los criterios que debe seguir para tener por personados a los denunciantes”.
Más de 300 millones de euros defraudados y 27.000 víctimas
Según los primeros datos recabados por el juez de la Audiencia Nacional, la cifra de afectados por Madeira Invest Club podría llegar a los 27.000 y el perjuicio a estos ocasionados podría superar los 300 millones de euros. Estas cifras situaron a la Audiencia Nacional “en una posición favorable desde un punto de vista funcional” para afrontar la investigación.
La Asociación de Usuarios de Criptomonedas amplió su denuncia inicial para solicitar que el juzgado se inhibiera en favor del Tribunal Supremo para investigar a Alvise por su condición de eurodiputado y, por tanto, de aforado, pero el juez Calama señaló que dicha petición no puede ser atendida sin formular la correspondiente exposición razonada en la que debería motivar las razones por las que el alto tribunal es competente para investigar al líder de SALF.