El PSOE volvió a retrasar el pasado jueves la votación de su paquete de medidas fiscales ante la falta de apoyos por parte de sus socios. La Comisión de Hacienda del Congreso está prevista para este lunes a las 17:00 horas y, por el momento, no parece que las negociaciones con Junts, PNV, ERC, Bildu y Podemos hayan dado los frutos esperados.
La votación gira en torno a una directiva europea que establece un tipo mínimo para las multinacionales, a la que los diferentes grupos parlamentarios han presentado enmiendas. El PSOE ha intentado cerrar los apoyos de sus socios ofreciendo diferentes concesiones a cada lado del espectro político. Entre las medidas más polémicas dentro de este paquete fiscal, se encuentra el gravamen a los seguros de salud privados, acordado con Sumar.
Actualmente exentos de IVA, la propuesta es aplicar un impuesto de un 8% sobre las primas de seguros (IPS). Sin embargo, según auguran las aseguradoras, esto puede suponer una salida masiva de clientes hacia el sistema público. La justificación dada por el Gobierno de coalición es que la exención tributaria de la sanidad privada “tiene un claro sesgo regresivo” que beneficia a “las personas y familias de renta alta”, que serían las pocas capaces de permitirse dicho ‘lujo’. Una lógica que la patronal privada Unespa rechaza.
Uno de cada cuatro españoles tiene seguro
Unespa argumenta que un total de 12,4 millones de españoles están cubiertos por algún tipo de seguro sanitario privado. El número queda lejos de la cifra de españoles con rentas superiores a 60.000 euros, que el INE calcula en aproximadamente 1,2 millones de personas, recuerda la patronal. Los asegurados son “personas de muy diversos perfiles socioeconómicos que no consumen servicios sanitarios públicos o lo hacen de una manera mucho más reducida, generando un ahorro de costes para el Sistema Público de Salud”, expresaron desde Unespa en un comunicado. El informe de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) calcula que cerca de la mitad del gasto sanitario español (48%) lo afronta la asistencia privada. Este beneficio hace que otros países como Francia, Alemania o Países Bajos también mantengan exenciones fiscales para estos servicios sanitarios.
La cifra de asegurados aumenta cada año a pasos agrandados: entre 2022 y 2023, más de 400.000 personas se sumaron a este sector. Crecen especialmente en comunidades como Madrid y Cataluña, donde un 40,5% y un 34,2% de la población tiene contratado un seguro de salud. Uno de los fenómenos que más impulsa este crecimiento, según fuentes de la patronal, es su uso como beneficio para empleados dentro de una compañía. “Muchas empresas han incorporado el seguro de salud para sus trabajadores como concepto retributivo complementario. El seguro de salud es, de hecho, uno de los beneficios sociales más valorados entre la plantilla”, aseguran. En estos casos, es el empleador quien contrata y paga los seguros.
¿Una huida de los asegurados?
Unespa afirma que la implantación del gravamen provocaría una caída en el número de personas que contratan estos seguros y su ‘huida’ a la sanidad pública, con un considerable aumento de la presión asistencial, ya de por sí alta. “La aprobación de dicha medida tendría, por tanto, efectos muy negativos para todos los ciudadanos españoles”, sostiene Unespa. Pero lo cierto es que los precios de los seguros llevan años al alza sin que se hayan perdido clientes.
El número de asegurados ha crecido especialmente desde la pandemia y, según las aseguradoras, se ha convertido para muchos en la primera opción asistencial. Esto ha hecho que los costes de los servicios aumenten y, con ello, el precio que se cobra a los clientes. En los últimos 10 años, la póliza de salud se ha revalorizado un 50%, con un crecimiento medio de las tarifas de entre el 4% y el 7%, según el comparador Selectra. Para 2025, ya se aventuraba un incremento de entre el 10% y el 15% antes del anuncio del gravamen, la mayor subida de la década. Ahora, las aseguradoras esperan, además, revertir el posible impuesto del 8% sobre sus clientes.
Lejos de espantar a la población, muchos más se han sumado al carro en los últimos años: en 2014, unos 800.000 españoles tenían seguro, mientras que al cierre de 2023 eran 1,2 millones los que recibían atención médica privada. La mayoría, eso sí, combinan los servicios privados con los públicos, según la Encuesta Europea de Salud del año 2020. Preguntados por la modalidad de cobertura sanitaria que recibían, un 84,35% respondieron que acudían a la sanidad pública, mientras que un 14,63% recibía una atención mixta y tan solo un 0,65% acudía exclusivamente a los servicios privados. Este estudio, no obstante, no cuenta con la población por debajo de 15 años, mientras que Unespa calcula que 2.442.265 españoles de 0 a 20 años tienen alguna cobertura sanitaria privada.
La AIReF desaconsejó el impuesto en 2020
En medio del debate sobre la posible huida de asegurados y el aumento de la presión en una sanidad pública ya saturada, algunos han rescatado un informe elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En el año 2020, este organismo abogó por mantener la exención fiscal a los seguros privados.
Según sus cálculos, dicha exención fiscal representa para España un coste anual de 1.763 millones de euros, mientras que un hipotético IVA del 21% a los seguros de salud privado supondría un aumento del gasto público, hasta los 2.145 millones de euros, en el peor de los casos. Con una exención fiscal parcial, el aumento neto en la recaudación sería menor al inicialmente calculado, afirma el organismo.
Sin embargo, el cálculo de la AIReF partía de un gravamen muy superior al 8% propuesto por Sumar. Y estimaba además una elasticidad de la demanda que podría haber cambiado en los últimos años, por lo que las consecuencias pueden no ser las previstas. Este análisis es, no obstante, la única aproximación reciente que se ha realizado sobre el tema, y aunque las condiciones han cambiado desde la pandemia, ofrece una visión sobre cómo puede evolucionar el sector sanitario en España.
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