A pesar de que recientemente el Senado, por iniciativa del Partido Popular -con mayoría absoluta en la cámara-, aprobó una proposición no de ley (PNL) para que instar al Gobierno a incluir a la Policía Nacional y la Guardia Civil en la lista de profesiones de riesgo, esto aún no ha ocurrido. De materializarse esta medida, se otorgarían diversos beneficios a los agentes, siendo uno de los más significativos la posibilidad de jubilación anticipada sin pérdida de poder adquisitivo. Actualmente, los agentes de estos cuerpos experimentan reducciones significativas en sus retribuciones al momento de retirarse, a diferencia de sus homólogos de las policías autonómicas como Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza.
El acuerdo de equiparación salarial firmado en marzo de 2018 no ha logrado igualar las condiciones de jubilación entre las distintas fuerzas de seguridad del país. Mientras que un mosso puede jubilarse anticipadamente a los 59 años sin perder ingresos, un efectivo de la Policía Nacional debe esperar hasta los 65 años o enfrentar una significativa reducción de sus prestaciones si opta por la jubilación anticipada. Este hecho genera una considerable disparidad en las remuneraciones; un policía autonómico puede percibir hasta 500 euros más al mes que un policía nacional o un guardia civil durante su servicio activo, y la brecha aumenta a 900 euros mensuales tras la jubilación.
En España, están reconocidas como profesiones de riesgo, con derecho a jubilación anticipada con el 100% de la prestación, los trabajadores ferroviarios, artistas, mineros, bomberos, y policías autonómicos y locales. El Partido Popular también ha presentado en el Congreso de los Diputados una PNL que exige la implementación de una ley de retribuciones que asegure igualdad salarial entre las fuerzas de seguridad del Estado y las autonómicas, además de modificar las normas actuales para permitir la jubilación anticipada voluntaria para estos cuerpos.
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Desde 2008, la Ertzaintza cuenta con la jubilación anticipada, y recientemente, en 2022, los Mossos d’Esquadra y la Policía Foral de Navarra también adquirieron este derecho. A pesar de estos avances, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha comenzado los trámites para establecer coeficientes reductores que permitan a la Policía Nacional y Guardia Civil acceder a la jubilación anticipada. Esta medida ha sido informada recientemente por el Defensor del Pueblo, resaltando la importancia de reconocer la labor y los riesgos que enfrentan estos agentes.
La corriente de apoyo a esta causa sigue creciendo, motivada por las notables diferencias económicas entre los jubilados de fuerzas autonómicas y los estatales, con una pérdida retributiva en torno al 30% para los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Esta situación tiene un impacto negativo en la sostenibilidad económica de los funcionarios de seguridad del Estado durante su retiro, provocando una evidente inequidad entre los diferentes cuerpos de seguridad del país.
La situación de los militares
El reconocimiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo es una cuestión que también ha resonado en otros estamentos, como las Fuerzas Armadas. Distintas asociaciones profesionales de militares, como ATME y Asfaspro, vienen desde hace tiempo reclamando al Ministerio de Defensa que su trabajo también sea considera de riesgo.
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Según datos proporcionados por el departamento que lidera Margarita Robles, entre 2011 y 2022, 195 soldados perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. De este total, 18 militares fallecieron mientras se encontraban desplegados en el exterior, en alguna de las muchas misiones internacionales en las que participa España. El año más trágico fue 2011, con un saldo de 32 militares fallecidos, seis de ellos en misiones fuera del territorio español.