Augustin Ndour Ndong nació en Senegal, tiene 54 años y lleva más de dos décadas viviendo en España. Como tantas otras personas migrantes, se vio obligado a dejar su país por la falta de oportunidades, aunque a diferencia de otras muchas, no tuvo que arriesgar su vida subiéndose a un cayuco, sino que pudo viajar con un visado a Portugal, donde estudió durante dos años, y de ahí pasó a España.
Fue en el año 2000, recuerda, cuando pudo obtener su permiso de residencia tras la regularización extraordinaria de personas migrantes que puso en marcha el Gobierno del Partido Popular, liderado entonces por José María Aznar, por lo que celebra especialmente que este martes el Congreso haya admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca regularizar la situación administrativa de alrededor de medio millón de extranjeros residentes en España.
No solo la llegada de Ndour Ndong, quien reside en Granada, fue inusual. También lo ha sido su trayectoria, pues en 2019 fue candidato a la presidencia del Gobierno de España, al frente del partido Por un Mundo más Justo (M+J), una formación minoritaria cuyo objetivo es fomentar la convivencia. Tras 20 años luchando por los derechos de las personas migrantes como activista, decidió meterse en política “para dar un paso más”, cuenta a Infobae, “para que las generaciones venideras tengan referentes migrantes” también en este ámbito, más aún tras la llegada de Vox a las instituciones, añade. “Hacía falta un discurso conciliador, evitando las radicalidades, los extremos”.
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“Fue una experiencia muy intensa porque te llueven piedras por todas partes, pero también te fortalece en la decisión de haber dado ese paso. Era algo que teníamos que hacer esta primera generación [de migrantes], teníamos que ir abriendo paso para que se vaya también normalizando que somos uno más en la sociedad española”, explica. Una vez metido en política, una de las primeras medidas en las que pensó para poder “aliviar el sufrimiento” que viven muchas personas migrantes en situación administrativa irregular fue precisamente poner en marcha una iniciativa legislativa popular para que pudieran obtener sus papeles. Y así lo hizo, a través de la organización para la que trabaja, Fundación para la Ciudadanía Global, que es una de las promotoras de la ILP, junto a la plataforma Regularización Ya, Fundación Por Causa, la Red de entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), Alianza para la Solidaridad y el partido Por un Mundo más Justo. Todas ellas lograron reunir más de 611.000 firmas y el apoyo de 900 colectivos. Ndour Ndong fue el encargado de presentar la Proposición de Ley para esta regularización.
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La ILP que ha tomado en consideración este martes el Congreso, con el apoyo tanto de los grupos del Gobierno como del PP y Junts, aunque con el voto en contra de Vox, busca la regularización extraordinaria de las personas migrantes en situación administrativa irregular con residencia anterior al 1 de noviembre de 2021, lo que podría beneficiar a entre 390.000 y 470.000 extranjeros, en su gran mayoría procedentes de América Latina.
Ahora la propuesta continuará su trámite parlamentario donde los grupos pueden presentar enmiendas y el Gobierno tendrá un plazo máximo de seis meses para aprobar un real decreto con el procedimiento para la regularización.
Otros procesos de regularización de personas migrantes
Cabe recordar que, de llevarse finalmente a cabo, esta no sería la única regularización extraordinaria de personas migrantes, pues desde los años ochenta los Gobiernos del PSOE y del PP han llevado a cabo ocho procesos similares con el objetivo de acabar con crecientes bolsas de ciudadanos sin derechos y luchar contra la economía sumergida, por lo que más de un millón de inmigrantes consiguieron así sus papeles.
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Respecto a la actual IPL que ahora ha recibido el apoyo del Congreso, Ndour Ndong ha indicado que “se trata de una cuestión de derechos humanos y de dignidad” y que también “es bueno” para la sociedad española que “se reconozca”, pues nivel económico y según las estimaciones de un estudio de la Fundación Por Causa, “cada migrante que se regulariza aporta a las arcas del Estado unos 3.400 euros al año”.