Ribera eleva en casi 600 millones los impuestos a las nucleares mientras Calviño impulsa desde el BEI inversiones en las centrales

Este esfuerzo por remodelar el panorama energético español toma en cuenta la necesidad de cerrar de manera escalonada sus plantas nucleares, siguiendo un protocolo acordado en 2019 entre las cuatro empresas propietarias de estas instalaciones y la entidad pública Enresa, responsable de la gestión integral de los residuos radiactivos que se generan en cualquier punto del país, incluyendo dentro de sus competencias el desmantelamiento de las instalaciones nucleares. Desde la firma de ese acuerdo, los impuestos a estas centrales se han incrementado en casi 600 millones después de que Teresa Ribera elevase la tasa Enresa. Un aumento de la presión fiscal que se desmarca del nuevo discurso de Nadia Calviño al frente del Banco Europeo de Inversiones (BEI) desde donde está fomentando la inversión en este tipo de energías.

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Bajo el principio de que toda tecnología tiene que pagar la gestión de los residuos que genera, incluida la nuclear, las actividades a realizar por parte de Enresa son financiadas por los propietarios de las centrales quienes, a través de una tasa mensual, van contribuyendo a un Fondo creado en el Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR). La tasa Enresa se fija de tal forma que, en el momento de cierre de las centrales nucleares, el Fondo pueda financiar todas las actividades que deban acometerse durante la fase de explotación y tras el cese de las centrales, tomando como escenario de cierre las fechas del PNIEC.

En esta línea cabe resaltar que esta tasa se ha ido incrementando desde su creación se ha ido incrementando los costes del PGRR. Tras la firma del protocolo en 2019, la tasa de Enresa se fijó en 7,98 euros/MWh, por lo que desde entonces, el parque nuclear español ha venido aportando anualmente en torno a 460 millones de euros, lo que sitúa el valor del fondo previsto en 7.461 millones de euros a 30 de junio de 2024.

En el mes de diciembre de 2023, el Gobierno aprobó el 7º PGRR que recoge un aumento de la tasa que pagan las nucleares de un 40%, que pasaría desde julio de 2024 de 7,98 euros/MWh a 11,14 euros/MWh. Este aumento encarece la tasa casi un 66,6% desde la firma del protocolo, en el que se consensuó que esta no se incrementaría más de un 20%, según el reciente informe Generando debate en el sector energético publicado por PwC.

Subida de impuestos

En el escenario de precios de mercado actual, y su previsible evolución a futuro por la creciente penetración de energías renovables, las centrales nucleares se enfrentan a un escenario de insuficiencia de ingresos para la recuperación de inversiones. Las centrales nucleares no disponen de capacidad de competir en el mercado eléctrico en igualdad de condiciones que el resto de tecnologías, ya que, por naturaleza son precio aceptantes, es decir, ofertan la energía a 0 euros/MWh y reciben el precio que marca el mercado.

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En España, la carga fiscal de las centrales nucleares se ha visto históricamente incrementada con tributos y tasas medioambientales que gravan entre otros, los ingresos por la venta de electricidad o el combustible nuclear gastado, lo que genera un desequilibrio en la estructura de ingresos y los costes convencionales de las centrales. Es por ello por lo que, a pesar de que las centrales nucleares son competitivas en costes operativos, se enfrentan a un problema de competitividad por su elevada fiscalidad.

Estas tasas ascienden ya a los 25 euros/MWh, que equivalen entre un 35% y un 40% de la facturación anual de las centrales y que, con el aumento de la tasa, supondría hasta un 50%. En este sentido, la implementación de la nueva norma elevaría la carga fiscal a los 28 euros/MWh, es decir, un acumulado de 1.566 millones de euros de impuestos a las centrales nucleares, una cifra que plantea desafíos sustanciales para la rentabilidad y competitividad del sector.

Calviño abraza las inversiones a nucleares desde el BEI

Nadia Claviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) apuesta por abrir la institución a financiar nuevos proyectos nucleares, aumentar la inversión en defensa y asumir más riesgos como parte de una nueva política del mayor prestamista multilateral del mundo. La exministra de Economía española que asumió la presidencia del BEI de manos del alemán Werner Hoyer el mes pasado, ha explicado en una entrevista con Financial Times varias áreas en las que tomará un rumbo diferente al de su predecesor.

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Hoyer había alejado al banco de inversiones en nuevas plantas nucleares y se mostraba notoriamente reacio al riesgo. El BEI, con un fondo de más de 500.000 millones de euros, no tiene prohibido invertir en energía atómica, pero ha rechazado nuevos proyectos de energía nuclear desde 1987, en parte debido a la postura en contra de esta fuente de energía de países como Alemania.

Calviño afirma, si embargo, que Europa “necesita estar activa en este aspecto porque no puede quedarse atrás” en los reactores modulares, que aún se encuentran en etapa de investigación y desarrollo. Actualmente, la tecnología de reactores modulares avanzados solo está operativa en China y Rusia, pero varios países, incluidos Francia, Reino Unido y Estados Unidos, están intentando implementarla también. “Cada proyecto se valora por sus propios méritos, en función de su viabilidad económica, técnica y financiera y sostenibilidad ambiental”, apunta Calviño.