La oposición de la banca al impuesto sobre los beneficios extraordinarios es del todo conocida. A sus quejas sobre la alta tributación y sobre el impacto que esta tiene en las inversiones, se ha sumado un nuevo elemento de presión: la compra de deuda pública. Así, las entidades españolas han congelado durante dos meses -octubre y noviembre- la adquisición de deuda del Estado. Un periodo que no es aleatorio ya que coincide con las negociaciones entre el PSOE y Sumar para alcanzar un acuerdo de investidura, en las que la formación de Yolanda Díaz pedía hacer permanente el impuesto.
Según los últimos datos del Tesoro Público, la gran banca poseía 169.663 millones de deuda pública al inicio de 2023. Una cifra que fue variando con los meses, alcanzando su cifra más alta en marzo -con 177.583 millones- y la más baja tras la celebración de las elecciones generales, cuando las entidades españolas limitaron su posesión de deuda del Estado a los 164.355 millones. Sin embargo, el dato más significativo se ha producido en los meses de octubre y noviembre: en la recta final del año, los bancos congelaron sus compras de deuda, que se mantuvieron inmutables en los 170.000 millones.
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Pedro Sánchez y Yolanda Díaz alcanzaron un acuerdo para formar un Gobierno de coalición PSOE-Sumar para los próximos cuatro años. Un pacto costoso en el que la reducción de la jornada laboral y el impuesto a la banca y a las energéticas fueron el principal caballo de batalla. Así, en el documento del acuerdo alcanzado por las dos fuerzas políticas, se recoge que el Gobierno “revisará los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado del bienestar”. Un texto que se firma por ambas partes en octubre, coincidiendo con el primer mes en el que la banca congeló su posesión de deuda española.
Este descenso en las compras contrasta con el modus operandi del sector bancario que, a tenor de las subidas de tipo del Banco Central Europeo (BCE) desde junio de 2022, había reordenado sus carteras de inversión en torno a la deuda pública por su alta rentabilidad y el escaso riesgo. Aunque las entidades españolas aún poseen el 13% del total de la deuda del Estado, lo cierto es que su estrategia de mantener intactas sus compras, en un momento en el que el BCE está retrocediendo en la compra de bonos de los países europeos, supone una importante medida de presión.
Cuerpo descarta modificaciones en el impuesto
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha descartado que el Gobierno se esté planteando “ahora mismo” una modificación del gravamen extraordinario a la banca, que se aprobó en origen como una tasa extraordinaria sobre los ingresos generados durante 2022-2023 por las entidades financieras y cuya aplicación se extendió al actual ejercicio. Una afirmación que se producía tras reunirse con los responsables de los principales bancos del país, quienes le han solicitado reformular el tributo.
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Cuerpo ha incidido en que tener un sector financiero “solvente” es fundamental para cualquier economía, a la vez que ha hecho hincapié en la propia “responsabilidad social” de las entidades, citando los acuerdos que se han cerrado con el sector para reforzar la atención a los mayores, la presencia en el ámbito rural, el código de buenas prácticas para el alivio a las hipotecas concedidas a tipo variable y el propio impuesto a banca para que el sector “arrime el hombro” y ayude a financiar el conocido como ‘escudo social’.
Podemos pide recaudar el 50% de beneficios de la banca
Podemos ha exigido al Gobierno reforzar el impuesto a la banca para que pase a recaudar la mitad del beneficio de las entidades hasta 2030. La líder de Podemos, Ione Belarra, ha recordado que los seis grandes bancos de España ganaron en 2023 “más que nunca”, en concreto 26.000 millones de euros. A su juicio, por la subida de los tipos de interés que han ido “directamente a las arcas de los bancos”. A esto se suma, dice Belarra, que bancos como el Santander han destinado la mitad de sus beneficios a dividendos para sus accionistas.
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Por ello, la líder de los ‘morados’ ha defendido impulsar un impuesto bancario “serio” y “valiente” que implique el 50% del beneficio de los bancos españoles los próximos seis años “para recuperar el rescate bancario”, al tiempo que se crea un fondo de protección hipotecaria.