La odisea de las personas migrantes para abrir una cuenta en España: “Los bancos aplican la ley antiterrorista”

El derecho a la inclusión financiera está garantizado por la Directiva Europea 2014/92, pero las entidades incumplen de forma sistemática la norma

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Una persona saca dinero en un cajero. (Europa Press)
Una persona saca dinero en un cajero. (Europa Press)

Fernando —nombre ficticio para salvaguardar su identidad— tiene 32 años. Lo primero que hizo al pisar España fue abrir una cuenta corriente en una de las entidades financieras más conocidas del país. Hace unos meses, la compañía decidió bloquearle el acceso sin previo aviso. El hombre tenía domiciliada su nómina y dependía de ese dinero para hacer la compra y pagar el alquiler, entre otros gastos del día a día. El banco alegó por aquel entonces que su documentación había caducado. Fernando tuvo que presentar dos recursos ante la compañía y ha tenido que esperar cuatro meses para recuperar su saldo. Esta es la realidad de cientos de personas migrantes cada vez que intentan poner en marcha ciertos trámites en nuestro país.

El derecho a la inclusión financiera está garantizado por la Directiva Europea 2014/92, que regula las cuentas de pago básico y prepara el terreno para la no discriminación de las personas migrantes cuando tratan de acceder a este tipo de productos. La norma fue traspuesta a la legislación española a través del Real Decreto-ley 19/2017 y el Real Decreto 164/2019. Este último, de hecho, establece un régimen gratuito para los clientes en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Los bancos, sin embargo, pasan por alto el reglamento y utilizan el “desconocimiento” para llenar de dificultades y obstáculos el proceso.

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Las personas migrantes y refugiadas tienen que lidiar con todo tipo de trabas cuando acuden al banco con la intención de abrir una cuenta de pago básica. Las prácticas que llevan a cabo las compañías incumplen de forma sistemática la normativa actual. En este contexto, muchas plataformas y organizaciones llevan tiempo denunciado la exclusión social y financiera que tienen que sufrir las personas afectadas. Natalia Slepoy, responsable del área de incidencia política de Red Acoge, pone el foco en la segregación que promueven algunas entidades. “Los bancos no solo incumplen la normativa por desconocimiento, sino que las actuaciones también evidencian una clara discriminación por criterios de nacionalidad”, explica.

Un cliente utiliza un cajero automático. (Reuters)
Un cliente utiliza un cajero automático. (Reuters)

Red Acoge ha sumado fuerzas con otras cinco entidades —Asociación Rumiñahui, Andalucía Acoge, CEAR, Movimiento Por La Paz y Provivienda— para lanzar la campaña #CuentasPendientes, con el fin de exigir que las entidades bancarias cumplan la legislación. “El personal de los bancos no siempre conoce las normas que, por otro lado, tienen puntos en los que no son lo suficientemente claras. Las compañías no permiten abrir una cuenta básica solo con el pasaporte. Las personas que están aquí intentando regularizar su situación tienen que tener este derecho para no acentuar su vulnerabilidad”, continúa la portavoz de la plataforma.

El racismo institucional se cuela en los cajeros

Las personas que llegan procedentes de Venezuela, Irán, Siria y otros países magrebíes lo tienen todavía más difícil —si cabe—. Los bancos suelen aplicar la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo cuando el país de origen es alguno de estos. “Lo hacen de manera preventiva, pero no tiene ningún sentido. Las personas afectadas son solicitantes de asilo en situación de vulnerabilidad, las compañías no pueden presuponer que vienen aquí para blanquear dinero ni para financiar acciones terroristas cuando sobreviven a base de subsidios”, añade Natalia Slepoy.

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Saray Boleko, presidenta de SOS Racismo Madrid, ha abordado con Infobae España la situación. “El racismo institucional no solo está en las normas, también en los silencios, las barreras para acceder a ciertos recursos, en este caso económicos, y la falta de información”, detalla. Los ciudadanos europeos y las personas con capital económico tienen “todas las facilidades” para poner en marcha cualquier trámite con los bancos, mientras que las personas migrantes tienen que presentar un volumen de “documentación inabarcable”. Las trabajadoras sociales tienen que lidiar de forma rutinaria con este tipo de situaciones y los tiempos para obtener respuesta se miden, habitualmente, en meses. “Los bancos te ponen trabas para acceder a ciertos recursos cuando saben que es un derecho. Estamos hablando de la dignificación de la vida”, añade la portavoz de la plataforma.

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“Me consideraban una ciudadana de alto riesgo”

“Hace unos meses he tenido un problema con mi banco. Tenía una cuenta abierta desde hace bastante tiempo y el año pasado me la bloquearon. La nómina estaba domiciliada, así que no podía cobrar. No me avisaron y cuando pregunté, me dijeron que era porque me había caducado la documentación. He tenido que esperar cuatro meses para recuperar mi cuenta”, cuenta Fernando —nombre ficticio—, uno de los pocos afectados que ha denunciado la infracción. La falta de denuncias es otro de los principales escollos que dificulta la intervención de los organismos reguladores. El Banco de España exige un mínimo de casos para tomar cartas en el asunto.

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“Las personas afectadas están en una situación administrativa irregular y en muchos casos no dominan el idioma. En lo último que piensan es en ponerle una reclamación al banco”, sostiene Natalia Slepoy, responsable del área de incidencia política de Red Acoge. Fátima —nombre ficticio— también tuvo que sufrir la discriminación del sistema. “Me pidieron el pasaporte y los datos. Me dijeron que tenía que hacer un depósito. Lo aboné y me entregaron un certificado de titularidad con el IBAN asignado. La tarjeta no llegaba y después de dos meses, vino bloqueada. El banco me explicó que como era venezolana, me consideraban una ciudadana de alto riesgo”, recuerda la mujer. La plataforma pide una “actuación más decidida” de los organismos reguladores e incluso un “régimen sancionador” con las entidades que incumplen la normativa.