La trama de venta de cadáveres desvelada este lunes por la Policía Nacional se enfrenta a dos investigaciones judiciales de las que se encarga el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia. La primera es por presunta falsedad en la documentación de uno de los cuerpos y la segunda, por supuestas irregularidades en la incineración de otro, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
Agentes de la Policía Nacional desarticularon el 29 de enero en Valencia un entramado criminal que se dedicaba a vender cadáveres a universidades para investigación. El cuerpo explica que la organización falsificaba documentación para poder retirar los cuerpos de hospitales y residencias y, posteriormente, los vendían a centros universitarios para su estudio. De media, vendían cada cuerpo por 1.200 euros.
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Según las investigaciones realizadas por los agentes, los detenidos buscaban fallecidos sin familiares y preferiblemente extranjeros o que hubieran tenido condiciones de vida precarias. Esto facilitaba sus operaciones, puesto que “se aseguraban que no se hiciera ningún seguimiento sobre dichas donaciones por parte de algún familiar, buscando así mayor impunidad”, explica la Policía Nacional en un comunicado de prensa.
Una vez terminados los estudios de las universidades, la funeraria también procedía a la incineración de los cuerpos, costeados por los propios centros educativos. Los acusados llegaron a facturar 5.040 euros a una universidad por realizar once incineraciones, pero estas no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operan en Valencia. “Los investigados aprovechaban la disección y desmembramiento de los cuerpos para introducirlos en los féretros de otros difuntos, realizando en una sola incineración la cremación de varios cadáveres”, añaden.
Una causa abierta desde abril de 2023
Las pesquisas policiales comenzaron a principios del 2023 después de que se retirase un cadáver de la morgue de un hospital de manera irregular por parte de una funeraria. Para ello, según relata el cuerpo armado, se realizaron falsificaciones en el libro de registro del centro y en la documentación facilitada al Registro Civil. Los agentes consiguieron comprobar posteriormente que dos trabajadores de una funeraria se llevaron el cuerpo y, en lugar de darle sepultura, lo trasladaron a una universidad para su estudio. “El fallecido debería de haber sido enterrado en su localidad de residencia en un sepelio de beneficencia abonado por el ayuntamiento de dicha localidad valenciana, sin embargo fue vendido para su estudio por casi 1.200 euros, sin que ningún familiar o amigo hubiera dado consentimiento”, relata el comunicado.
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Ante estos hechos, el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia abrió en el mes de abril una causa por un delito de falsedad en documento privado y en documento oficial en relación a la retirada de un cadáver de un ciudadano francés, fallecido en diciembre de 2022, de un hospital y su posterior entrega a la universidad. El TSJCV ha añadido que en esa causa estaban investigadas inicialmente cuatro personas, los dos responsables de la funeraria y dos trabajadores. Finalmente, en julio de 2023, se acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias para los dos gestores de la funeraria, pero se continuó con el procedimiento contra los dos trabajadores. Según el magistrado instructor, existían indicios suficientes contra ellos de la elaboración de documentos inexactos con el fin de lograr un lucro económico.
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La Policía descubrió que siguieron el mismo modus operandi con otro difundo ingresado en una residencia geriátrica. Tres día antes de fallecer, el hombre habría autorizado la donación de su cuerpo a un centro universitario. Sin embargo, el anciano sufría un deterioro cognitivo severo que no le hubiera permitido entender lo que suponía la donación. Además, su cuerpo acabó en otra universidad diferente a la autorizada por el señor, pues esta pagaba más dinero.
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Por ello, el Cuerpo Nacional de Policía hizo un testado ampliatorio para proseguir las investigaciones en relación a este fallecido y las incineraciones irregulares de cadáveres. La nueva causa judicial implica br/ a las mismas cuatro personas.
*Con información de EFE y Europa Press