El Gobierno ha celebrado que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo hayan acordado impulsar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, con el mandato caducado desde hace cinco años. En su reunión mantenida este viernes en el Congreso, el líder del PP ha exigido que la Comisión Europea supervise el cumplimiento de este mandato constitucional, un modelo que Sánchez ha aceptado.
Tras el encuentro, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha comparecido para dar cuentas de los acuerdos alcanzados. En este sentido, ha celebrado que esta institución comunitaria “medie y verifique”, ya que “todo lo que sea restablecer la normalidad institucional y que el PP cumpla con la Constitución será más que bienvenido”, ha señalado la titular de Educación y Deportes.
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Alegría ha confirmado que el papel de la Comisión Europea de “mediar y verificar” es “un magnífico punto de partida”. En este sentido, ha recordado el documento ya existente sobre la renovación del órgano de gobierno de los jueces y la posterior reforma de la ley orgánica como punto de encuentro que guie la negociación. Se ha referido al acuerdo alcanzado hace poco más de un año entre ambos dirigentes y que Feijóo hizo saltar por los aires alegando la inminente derogación del delito de sedición.
Asimismo, Alegría ha rechazado los planes de acometer la reforma de manera simultánea con la modificación de la norma, mientras que desde el PP insisten en que ambas acciones han de hacerse de manera paralela. Alegría ha añadido que, de hecho, la Comisión Europea recomienda acometer ya la renovación y, posteriormente, negociar de manera conjunta una eventual reforma del sistema de elección de los jueces para profundizar en su imparcialidad.
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Tras la desconfianza manifestada por Feijóo sobre Bolaños, el representante del Gobierno que negociará con Esteban González Pons (PP) y la mediación comunitaria, Alegría ha pedido “respeto” al líder popular. De hecho, ha recordado que fue el propio ministro de Justicia quien cerró el texto del acuerdo en torno al CGPJ con el PP en octubre del año pasado. “Para hacer efectivo el diálogo, es de primero de educación hacerlo con respeto”, ha explicado.
El único acuerdo cerrado
Como estaba previsto, Sánchez y Feijóo han pactado eliminar el término “disminuido” de la Constitución, una modificación de la Carta Magna que se quedó a las puertas en la legislatura pasada. El acuerdo en torno a este punto incluye que PSOE y PP, las principales fuerzas en el Congreso, presentarán una proposición de ley conjunta antes del 31 de diciembre y se comprometen a la celebración de un pleno monográfico que apruebe por lectura única antes la reforma del artículo 49 antes de que termine enero.
Alegría ha señalado que esta modificación carácter “social” de la Constitución es “de justicia y necesaria, que da respuesta a una deuda de nuestro país con las personas con discapacidad”. Asimismo, ha augurado que la medida para sustituir el término “disminuidos” por “personas con discapacidad” contará con el respaldo de la “mayoría” de grupos en la Cámara Baja.