El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) llevaba sin convocarse desde julio de 2022, pero el contador se pondrá a cero este lunes, una vez se sienten la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con los diferentes presidentes autonómicos, la mayoría del PP. Este órgano, que tiene como objetivo coordinar la actividad financiera de las comunidades autónomas con Hacienda, aterriza en un momento de alta tensión política y el mismo día en el que finaliza el plazo para remitir propuestas para los presupuestos generales de 2024, lo que urge para el Gobierno.
Según el orden del día, la vicepresidenta cuarta y ministra del ramo informará sobre los objetivos de estabilidad para preparar los presupuestos generales del Estado de 2024 (PGE). Y es que el órgano debe aprobar un informe previo a la aprobación de la senda de estabilidad, que también deberían tener en cuenta las comunidades autónomas para sus propios presupuestos.
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Esa es una de las quejas: hay comunidades autónomas, como es el caso de Galicia, en las que los presupuestos ya están cerrados, por lo que se elaboraron sin conocer estas previsiones. “Se aprobarán en la semana del 18 de diciembre”, confirman fuentes del PPdeG. También es el caso de Madrid, donde las cuentas públicas ya han llegado a pleno y se encuentran en tramitación en la Asamblea para su inmediata aprobación, por lo que tampoco servirán los topes del Gobierno. “Los elaboramos totalmente a ciegas”, le reprochó la consejera madrileña, Rocío Albert, en una misiva a Montero. También es el caso de Murcia, que además y amparándose en que no había recibido ninguna comunicación oficial, mantuvo el déficit del 0,3% en 2024, pese a la recomendación del Gobierno de no superar el límite del 0,1% del PIB para sus cuentas públicas.
Los acuerdos de Sánchez, en el punto de mira
“Nos sorprende que en el orden del día facilitado no se mencione la financiación autonómica”, reprochan fuentes de la Consejería de Hacienda murciana. En este sentido, detallan que su consejero irá con esa exigencia, porque es la “reforma estructural que necesita la región, que es la peor financiada”. “No queremos parches, exigimos que se empiece ya a trabajar en cambiar un modelo que nos perjudica”, sostienen, una exigencia que reproduce la consejería de Hacienda andaluza, que señala que “es de vital importancia la renovación”.
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La financiación es un tema candente para los populares. Su secretaria general, Cuca Gamarra, advirtió de que este debía de ser el marco para negociar el modelo de financiación, garantizando la igualdad entre territorios. El PP quiere que loas acuerdos entre Pedro Sánchez y los independentistas que le permitieron salir investido se traten durante esta mesa multilateral. “No consentiremos que se someta ni antes, ni después, la validación de los acuerdos a lo que digan y quieran los independentistas”, dijo Gamarra en un acto en Aragón. Allí avisó sobre este lunes: en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es donde se debe abordar la financiación con las comunidades y la reforma del sistema. “Ni mesas, ni mediadores y, por supuesto, en territorio español”, lanzó la secretaria general para llevar las miradas a las negociaciones del Gobierno con los independentistas.
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Aragón también se pronuncia en el mismo sentido. Con unos presupuestos ya encarrilados, se quejan de que el Gobierno no hable ni de financiación ni de condonación de la deuda. Por ello, se sumará a la queja de otros presidentes para defender “la igualdad” frente a los “beneficios” de otras comunidades, como Cataluña. “No puede ser que haya una casta política que tenga privilegios respecto a los demás porque tienen los votos necesarios”, se queja Jorge Azcón.
También es importante el “impacto” de los acuerdos de investidura para el presidente gallego, que señala el CPFF como el foro donde las autonomías y el Gobierno deberían abordar la condonación de la deuda, que se “anuncia” y no se “concreta”. Una reclamación que también hacen desde la Hacienda balear, y desde la de Castilla y León, cuyo consejero ha asegurado que aprovechará la reunión para conocer el “impacto” de los acuerdos rubricados por el Gobierno con Cataluña.