A juicio por criticar públicamente la prohibición del aborto en Andorra: “Es un ataque contra la libertad de expresión”

Vanessa Mendoza es la única psicóloga social experta en violencias sexuales en el Principado de Andorra, donde el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia, incluso en caso de violación o cuando la vida de la gestante corre peligro. Como activista y presidenta de la organización Stop Violències, en 2019 manifestó su preocupación por la prohibición total del aborto en Andorra ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, lo que le costó que la fiscalía del país presentara cargos de difamación en contra y está acusada de un delito “contra el prestigio de las instituciones”.

El juicio comienza este lunes y Vanessa, que ha recibido el apoyo de organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Reproductivos y Women’s Link, asegura afrontarlo con “dignidad” y lo tilda de “misógino”. “Esto es un juicio contra las mujeres, contra el feminismo y contra la libertad de expresión”, dice la activista en conversación telefónica con Infobae España horas antes del juicio. “Mientras estamos debatiendo si yo soy una buena o mala persona, porque se me ha hecho un linchamiento público y una campaña de desprestigio profesional y personal, en Andorra el aborto continúa sin ser una realidad y las mujeres siguen sin tener unos derechos garantizados”, lamenta.

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En realidad la fiscalía andorrana presentó en 2020 tres cargos de difamación criminal contra Mendoza, pero tras la presión de las organizaciones internacionales, dos de los cargos que conllevaban penas de prisión fueron retirados. El delito del que se le acusa ahora es contra el prestigio de las instituciones y, si es declarada culpable, se enfrenta a una multa de 12.000 euros, además de una prohibición de ocupar un cargo público durante seis meses.

Andorra, que tiene unos 80.000 habitantes, es uno de los pocos países europeos, junto con Malta, San Marino y El Vaticano, donde el aborto está totalmente prohibido, incluso en caso de violación, anomalía fetal, incesto o riesgo de muerte para la gestante, por lo que las mujeres deben trasladarse hasta Barcelona para poder interrumpir su embarazo. Mendoza recuerda que la ciudad condal queda a tres horas de Andorra y, dependiendo del estado gestacional, deben desembolsar entre 300 y 8.000 euros.

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Una de las razones que, a su juicio, explican la desprotección que sufren las mujeres se debe al propio sistema del país, al que califica de “teocracia parlamentaria”, donde los jefes del Estado son los copríncipes de Andorra: el Obispo de Urgell, Joan-Enric Vives, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. “Ellos mandan sobre las leyes que salen de nuestro parlamento”, aclara.

Apoyo del Consejo de Europa

El hecho de que Mendoza tenga que responder en un juicio por haber hablado ante Naciones Unidas sobre la prohibición del aborto en Andorra es “preocupante”, indica a este medio Gema Fernández, abogada de Women’s Link que ha acompañado a la activista en el proceso, pues abre la puerta a que “cualquier persona que someta al Estado y a sus instituciones a críticas pueda ser perseguido y criminalizado cuando debería ser un ejercicio bastante democrático”.

La abogada, que considera que condenar a Mendoza sería un “despropósito”, recuerda que en muchos casos las mujeres andorranas “no saben cuáles son sus alternativas o, si las conocen, no tienen los medios” para interrumpir el embarazo, lo cual “genera un fuerte impacto psicológico”.

Además de Women’s Link, Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Reproductivos, también ha mostrado su apoyo a Mendoza el Consejo de Europa, que ha instado a las autoridades andorranas a garantizar la libertad de expresión de la activista y a generar un entorno propicio para las defensoras de los derechos de las mujeres.

El aborto, recuerda por su parte Katrine Thomasen, directora asociada para Europa del Centro de Derechos Reproductivos, “es una parte esencial de la atención médica” y acceder a este servicio “es un derecho humano”, por lo que las activistas como Vanessa Mendoza “que defienden los derechos reproductivos nunca deberían ser objeto de represalias y otras formas de intimidación”.

Según de este centro, en el mundo hay 24 países donde el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia, entre los que se encuentran Nicaragua, Honduras, El Salvador, Haití, República Dominicana, Filipinas, Irak, Egipto, o Senegal.